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La Fiscalía pide la confirmación "total y absoluta" de la sentencia por cohecho en Mercasevilla

El Ministerio Público considera "acreditada" la participación del exdelegado de Empleo en el soborno a los empresarios.

el 05 jun 2013 / 15:29 h.

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La Fiscalía ha solicitado este miércoles ante el Tribunal Superior  de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, la confirmación  "total y absoluta" de la sentencia de la Audiencia de Sevilla que  condenó al pago de una multa de 600.000 euros y 21 meses de  inhabilitación al exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas y a  los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce por  solicitar una comisión ilícita de 450.000 euros a los empresarios del  Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería  de la lonja. En la vista para debatir los recursos presentados por las defensas  de los condenados por un delito de cohecho, a la que han asistido  como público Rivas y Mellet, el fiscal ha considerado el fallo,  dictado tras el veredicto de un jurado popular, "plenamente  razonable" y "perfectamente ajustado a derecho", mientras que los  abogados de los tres procesados han interesado la revocación y su  libre absolución. Ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, integrada por los  magistrados Lorenzo del Río, Jerónimo Garvín y Miguel Pasquau, la  defensa de Mellet se ha referido en la exposición de los motivos de  su recurso a la principal prueba incriminatoria, la grabación que  realizaron los empresarios denunciantes del soborno, que ha tildado  de "subrepticia" y no "válida". Según ha argumentado, no existió resolución judicial que motivara  su incorporación a las actuaciones, ni autorización judicial alguna  que la permitiera, y supuso una vulneración del "derecho a la  intimidad" del que fuera gerente de Mercasevilla, puesto que se hizo  en su despacho profesional y se entregó a un tercero "que no tenía  competencia en perseguir delitos", en alusión a Juan Gallo. Por su parte, el letrado del exdirector adjunto de la empresa  mixta sevillana Daniel Ponce ha sostenido que "no consta acreditado"  que el acto por el que fue condenado "era una acto propio de su  facultades". "Mi representado no tenía facultades para obtener o  conceder aquello por lo que se dice que estaba pidiendo", ha señalado  el abogado, que ha sostenido que se ha vulnerado el derecho "a la  presunción de inocencia". Finalmente, la defensa del que fuera delegado de Empleo en Sevilla  ha alegado la "falta de motivación" del veredicto del jurado que,  según ha dicho, "entresaca y saca de contexto" una serie de elementos  a partir de los cuales establece unas conclusiones que llevan a la  condena en base a "indicios" de Rivas, que, según ha resaltado, fue  sólo implicado en el caso por Mellet en una declaración que hizo ante  la Policía, cuando en el juicio se acogió después a su derecho a no  declarar. "No se ha podido probar que Rivas tuviera que ver en este  asunto. No hay prueba de cargo que sustenten la condena y ni siquiera  están acreditados los indicios que deben servir de sustento a ese  juicio de inferencia", ha mantenido. Sin embargo, el representante del Ministerio Público ha confirmado  todos los motivos incluidos en su escrito de impugnación, como  también lo han hecho las acusaciones particular y populares, la  Fundación Mercasevilla y el PP. En lo referente a lo argumentado por  la defensa de Mellet en cuanto a la grabación, el fiscal ha destacado  que el secreto de las comunicaciones "no afecta cuando el que lo  graba es uno de los intervinientes" y que en este caso no era  necesaria una previa autorización judicial. Asimismo, sobre la posible vulneración del derecho a la intimidad,  ha dicho que del contenido de la grabación no se deriva tal  vulneración, ni que ésta se realizara por "ardid o engaño". "Los que  llevaban la voz cantante no eran los empresarios, sino Daniel Ponce y  el señor Mellet", ha apuntado el fiscal, quien tampoco cree en  discusión que los condenados actuaran como funcionarios públicos,  formaran o no parte de la Fundación Mercasevilla. "Acto ajeno a su cargo hubiera sido que hubieran querido vender  una moto o un camión", ha incidido, considerando que tanto Ponce como  Mellet actuaban con "el convencimiento total y certero" de que ellos  iban a decidir "el destino final" de la subvención de 900.000 euros  "que acababan de recibir". Por otra parte, ha considerado "acreditada" la participación de  Rivas en estos hechos, y ha hecho alusión a la expresión que  introdujo el jurado en su veredicto acerca de su "interés desmedido",  comprendiendo que el tribunal popular no "confiara" en sus  declaraciones. Así, ha señalado que la declaración de Mellet ante la  Policía acreditó que el exdelegado "no era totalmente ajeno,  desconocedor del tema, sino que estaba presente".

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