El fiscal ha solicitado en el caso del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados en Málaga que declaren como imputados funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones y los responsables de las entidades donde se detectaron irregularidades. Según una nota informativa del ministerio público, en su escrito de remisión al juzgado han pedido estas declaraciones, entre ellas las de los responsables de las entidades donde se detectaron irregularidades en la obtención de las subvenciones y en la aplicación de los fondos recibidos. El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, considera que los hechos investigados pueden constituir presuntamente, y sin perjuicio de una calificación jurídica más precisa según resulte de la investigación judicial, delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción pidió al Juzgado Decano de Málaga que investigara este presunto fraude tras llevar desde mayo de 2013 estudiando el caso y recibir los informes de los investigadores y el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga incoó las diligencias previas y volvió a remitir la causa al decano para su reparto. En el informe de la Policía se aludía a la resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo de 15 de diciembre de 2010 en la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a veinte personas físicas y jurídicas por un importe total de 1.722.558 euros. Entre otras irregularidades se aludía, junto a los supuestos de incumplimiento generalizado del compromiso de contratación, a la "práctica de caza de subvenciones" por parte de algunas empresas beneficiarias de las mismas y la falta de solvencia y experiencia en la formación en algunas de estas personas físicas y jurídicas que reciben la ayuda. Posteriormente, en un informe ampliatorio se insistió en las irregularidades detectadas, si bien se precisó que estas se encuentran en diecisiete de las veinte entidades y personas físicas de la subvención analizada. Dado que se han producido irregularidades similares a las halladas en Málaga en otras provincias de la comunidad autónoma, la Fiscalía malagueña decidió limitar el alcance de sus diligencias a los hechos ocurridos en esta provincia y derivar las otras al ministerio público de referencia. En el mencionado informe se alude a resoluciones de la Dirección general de Empleo por las que se conceden subvenciones en el año 2011 para acciones formativas con compromiso de contratación, y para trabajadores desempleados, ambas dentro del programa presupuestario 32D. Destaca el caso de un mismo beneficiario de las resoluciones que habría obtenido subvenciones a través de varias sociedades y entidades a él vinculadas por importe conjunto de 14.671.381,50 euros. De las referidas subvenciones de la Dirección General de Empleo se ha deducido testimonio a la Fiscalía de Sevilla, "por radicar en dicha ciudad el órgano administrativo que concedió dichas ayudas", explica el fiscal. Tras analizar los distintos expedientes de subvención nacidos de la resolución de diciembre de 2010, la Policía estableció las diferentes responsabilidades penales que resultan de los hechos analizados, en las que distingue entre los ilícitos cometidos por los beneficiarios de subvenciones e irregularidades en el otorgamiento y control de las ayudas. En las primeras figura la falsedad en la presentación de documentos, así como en la acreditación de la asistencia a los cursos de ciertos alumnos, suplantación de la personalidad de determinados tutores o de gastos supuestamente producidos. En el segundo caso se incluye la falta de capacitación de ciertas entidades para la formación profesional, el incumplimiento del compromiso de contratación o la "absoluta falta de control" de la ejecución de los cursos
