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La Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para el exagente imputado por robo de droga en Jefatura

Demanda, además, una una multa de nueve millones de euros para Lars S.M.  por el robo de 154,4 kilogramos de cocaína y heroína de los calabozos.

el 18 oct 2012 / 11:29 h.

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La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 18 años y seis meses de  cárcel y el pago de una multa de nueve millones de euros para el  exagente de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Lars S.M.  por el robo de 150 kilogramos de cocaína y heroína de los calabozos  de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía  Occidental ubicados en la capital hispalense. 

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press,  el Ministerio Público pide para el acusado cuatro años y medio de  cárcel por un delito continuado de robo con fuerza; nueve años de  prisión y seis millones de euros de multa por un delito contra la  salud pública, y cinco años y tres millones de multa por un delito de  blanqueo de capitales. 

Por estos mismos delitos, el Ministerio Público solicita 17 años  de cárcel y una multa de nueve millones de euros para una pareja  socia de Lars, Manuel A.N. y María Violeta S.G., y otros cinco años  de prisión, además de una multa de tres millones, para la esposa del  exagente, María Teresa M.S., a la que considera culpable únicamente  del delito de blanqueo de capitales. 

Según sostiene el fiscal antidroga Alfonso Sánchez en el escrito  elevado al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, el exagente,  junto al matrimonio procesado, "se pusieron y actuaron de acuerdo"  entre finales de 2006 y el día 11 de junio de 2008 para apoderarse de  la mayor cantidad que pudieran de la droga" que se almacenaba en los  calabozos, la cual procedía de las aprehensiones de cocaína y heroína  realizadas por los distintos grupos de la Udyco de Sevilla. 

"Para conseguir su fin", los procesados "aprovecharon el hecho de  que" Lars era agente de la Policía Nacional, y en concreto de la  Udyco, señala el fiscal, que pone de manifiesto que el juego de  llaves que era necesario para acceder, "primero a la zona donde se  encontraban los calabozos, y luego, al citado calabozo", se guardaba  "en un cajón de la mesa del despacho" del jefe de la Udyco, "que éste  o quien lo supliera, entregaba a los funcionarios que necesitaban  entrar en el calabozo".

LA DROGA, SUSTITUIDA POR YESO, CACAO O SACAROSA

Así, "y aprovechando" que prestaba sus servicios en la Udyco, el  exagente imputado "logró hacerse con una copia de dichas llaves, de  manera que podía entrar en el citado calabozo, que carecía de  cualquier otra medida de seguridad", y "valiéndose de la copia" de  dichas llaves realizó una serie de sustracciones de paquetes de droga  que sustituía por otros que contenían yeso o cacao y "con envoltorios  amarillos similares a los originales que, con este fin, hicieron" la  otra pareja imputada. 

Incluso, tras sustraer 32 paquetes de cocaína valorada en un  millón de euros, los sustituyó por otros con sacarosa y con un  paquete que "se envolvió, como el original, con cinta adhesiva de  precintar de la Dirección General de la Policía, que para ello  facilitó Lars" a sus socios, "que fueron quienes, igualmente,  confeccionaron los nuevos paquetes de sacarosa. 

En el escrito consultado por Europa Press, el fiscal dice que,  igualmente, desaparecieron del citado calabozo 5,2 kilos de cocaína  que fueron intervenidos por la Policía en el aeropuerto de Sevilla el  día 27 de febrero de 2008, droga que "venía oculta en tres cilindros  de una máquina de amasar", aunque "no consta que en esta sustracción  hubiera intervenido alguno de los procesados".

BENEFICIO ECONOMICO DE "AL MENOS" CUATRO MILLONES DE EUROS

"En todos los casos, fue Lars el que accedía al calabozo y  realizaba el cambio", dejando allí los paquetes "simulados" de droga  "en la misma caja o bolsa que estaban los originales", que eran los  que contenían la verdadera droga y los que el exagente de la Udyco se  llevaba para venderla a terceras personas "que no han podido ser  identificadas", lo que "proporcionó" a Lars y la otra pareja "pingües  beneficios económicos de, al menos, cuatro millones de euros  atendiendo al valor que tenía la droga sustraída en el mercado  ilícito en la época de los hechos".

El fiscal señala que, desde que "se iniciaron" las sustracciones  de droga a finales de 2006 y hasta el mes de septiembre de 2009,  cuando los procesados fueron detenidos, "se produjo un notable  incremento de sus patrimonios debido a las ganancias obtenidas por la  venta de droga". Así, en el caso de Lars y de su esposa, el fiscal  cifra este incremento patrimonial en 302.307,20 euros, mientras que  en el caso de la otra pareja lo sitúa en 775.311,17 euros. 

Según indica, la esposa del exagente "conoció desde el inicio el  origen de las abundantes ganancias" de su marido "y participó con él  en la colocación de las ganancias a través de la compra de inmuebles  e inversiones". Así, el día 14 de diciembre de 2007, junto con el  resto de imputados, "a los que también aconsejó y asesoró en este  caso", realizaron una inversión de 210.000 euros cada pareja en ATC  Consultores Bankpyme.

COMPRA DE UN VELERO EN SUBASTA

De igual modo, Manuel A.N. adquirió el 10 de julio de 2007 un  inmueble en Tomares por un precio de 191.054,40 euros, así como una  plaza de garaje en Sevilla valorada en 7.427,15 euros. Conjuntamente  con su pareja, compró el 27 de junio de 2008 una vivienda en  Islantilla (Huelva) por importe de 239.355,79 euros, y el día  anterior realizaron un ingreso en efectivo de 90.000 euros, más  12.527,30 del IVA, a fin de cancelar "parcialmente" el préstamo  hipotecario. En total, entregaron 150.398,49 euros en efectivo. 

El 15 de julio de 2008, esta pareja compró una plaza de garaje y  un trastero en una urbanización de Islantilla, por la que pagaron  15.080 euros en efectivo, mientras que el día 6 de julio de 2009,  Manuel A.N. compró una motocicleta BMW por 16.498,75 euros que pagó  en efectivo.

No obstante, la compra más llamativa fue la que realizó el  exagente de la Udyco el 20 de febrero de 2009, cuando adquirió en  subasta de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de la Delegación  del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas una embarcación  motovelero de 12 metros de eslora por importe de 28.800 euros, que  también abonó en efectivo. 

Según el fiscal, los imputados realizaron todas estas compras "con  dinero procedente de la venta de la droga sustraída". 

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