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La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para el exconcejal Fernández por el caso Iturri

Es procesado por un presunto delito de prevaricación por la compra de materiales valorados por 644.485 euros mediante reconocimientos de crédito.

el 29 feb 2012 / 11:15 h.

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La Fiscalía de Sevilla solicita ocho años de inhabilitación  especial para el ejercicio de empleo o cargo público para el  exconcejal socialista del Ayuntamiento hispalense Francisco  Fernández, al que acusa de un presunto delito de prevaricación  derivado de la adquisición al grupo Iturri de materiales valorados  por 644.485 euros mediante reconocimientos de crédito cuando el  imputado ostentaba el área municipal de Gobernación.  

En un escrito de acusación elevado al Juzgado de Instrucción  número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público  relata que Fernández, como "responsable" del Servicio de Prevención,  Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla,  adquirió de Iturri "en fecha no determinada pero inmediatamente  anterior" al 15 de mayo de 2007 el equipamiento necesario para ocho  vehículos autobombas del Cuerpo de Bomberos por un montante de  644.485 euros.  

Según la Fiscalía, la adquisición de este equipamiento "se llevó a  cabo sin que se incoara expediente administrativo alguno, por lo que  no existieron los acuerdos previos del Ayuntamiento" para la  adquisición de bienes, "no se formalizaron pliegos de condiciones  técnicas, no hubo publicidad para que los interesados concurrieran a  la posible compra, y tampoco existió la consignación presupuestaria  correspondiente".  

DECISION "ARBITRARIA"

Por tanto, a juicio del Ministerio Público, todo el proceso se  llevó a cabo "sin cumplir con los requisitos y formalidades exigidas  legalmente relativas a la convocatoria de concurso y adjudicación  motivada", por lo que el exconcejal socialista "adoptó esa arbitraria  resolución de adjudicación del contrato a Iturri a sabiendas de que  estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento para  adquisición y contratación de bienes exigidas por la Ley".

El Ministerio Público pone de manifiesto que, para el  reconocimiento de la deuda generada con Iturri por la adquisición del  equipamiento de los ocho vehículos autobomba, tuvo que incoarse un  expediente. Por estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado, que  no ostenta actualmente cargo público alguno, ocho años de  inhabilitación y el pago de las costas a cuenta de un presunto delito  de prevaricación.  

Hay que recordar que el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB),  que ejerce la acusación particular en este caso, pidió para Fernández  seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por un presunto delito de  malversación de caudales públicos, así como otros diez años de  inhabilitación por un posible delito de prevaricación.

En estas diligencias también figuró como imputada la exconcejal  socialista Nieves Hernández, quien fue exculpada tras haber prestado  declaración ante el juez el pasado 5 de septiembre. Ese mismo día,  Francisco Fernández declaraba también como imputado y defendía que  las contrataciones respondieron a un intento de resolver una  "situación de emergencia" ante la necesidad de que el servicio  municipal de Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios contase  con los equipos adquiridos.

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