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La Fiscalía pide que los intrusos en los ERE abonen una fianza

El Ministerio Público intenta garantizar que los que se beneficiaron de estas ayudas las devuelvan

el 27 oct 2011 / 11:22 h.

La jueza Mercedes Alaya la pasada semana a las puertas de los juzgados de Sevilla.

Asegurar " la devolución de las cantidades ilícitamente recibidas" por los beneficiarios de las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) es lo que pretente la Fiscalía Anticorrupción al solicitarle a la jueza Mercedes Alaya que imponga una fianza a todos los implicados en la trama. En un escrito entregado al juzgado que investiga el caso, el Ministerio Público reclama que se le imponga esta medida cautelar "a todas las personas imputadas", y a las que más adelante puedan estarlo, ya sea mediante el pago de una fianza o "acordándose los embargos oportunos".


El fiscal Anticorrupción tiene claro que de la investigación "se desprende de forma fehaciente que casi la totalidad de las primas de las reseñadas pólizas de seguros de renta y de capital diferido han sido abonadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía". De hecho, en su escrito habla de la "indudable" existencia de un "perjuicio manifiesto y grave" en los fondos de la Junta "ante la cuantía tanto de los pagos efectuados como de los ya comprometidos". Un "beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas".


Por ahora, en esta rama están imputadas una treintena de personas, entre la que se encuentran excargos políticos socialistas como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, o el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, quien además tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla, causa que también instruye la jueza Alaya y de la que derivó la investigación de los ERE.


La Fiscalía recuerda que los citados fondos "se han beneficiado patrimonialmente las personas, físicas y jurídicas, incluidas en las pólizas como asegurados/beneficiarios sin ningún derecho a ello, los denominados comúnmente como los instrusos". Pero para materializar estas conductas "han participado con actos de suma importancia otros sujetos" como "empleados o directivos de entidades, que han permitido y colaborado a la percepción indebida de estas rentas y capitales por estos intrusos". Todos ellos "ineludiblemente, deberán también responder de su conducta no sólo penalmente sino también civilmente al igual que las entidades que intervinieron", afirma el Ministerio Público.


Pero la concesión de pólizas que ordenaba la Dirección General de Empleo, cuyo exdirector general Francisco Javier Guerrero es el principal imputado al ser el que supuestamente concedía las ayudas usando el denominado "fondo de reptiles", no es lo único que investiga el Juzgado de Instrucción número 6. En una segunda línea, de la investigación se desprende "la existencia de ayudas directas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades" abonadas igualmente por la Dirección General de Trabajo a través, primero, del Instituto de Fomento de Andalucías (IFA) y, luego, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). El fiscal recuerda que estas ayudas se daban de forma "directa" sin "ninguno de los requisitos exigibles en cuanto a concesión y control".


Por ello, el fiscal, "para poder determinar con precisión el importe del quebranto efectivo en los fondos públicos" de la Junta, reclama a la juez que solicite a la Dirección General de Trabajo diversa documentación sobre los "procedimientos de reintegro iniciados" y las "órdenes emitidas paralizando el pago de rentas o capitales a los imputados". Todo ello, sin perjuicio de lo que el Tribunal de Cuentas pueda dictar si finalmente prospera la petición que hizo ya la Fiscalía en otro escrito entregado el pasado 7 de octubre a Alaya. Una solicitud que se complementa con la imposición de fianza o embargo de bienes a los intrusos y "a las entidades directamente beneficiarias".


Sobre esta medida, se pronunció ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno, quien aseguró que el Gobierno andaluz actuará "con contundencia" para que se devuelva hasta el último euro" y para que "se le caiga el pelo a quien haya podido meter la mano".

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