La dueña de un bar de Alcalá del Río se enfrentará en un juicio a la posible inhabilitación para ejercer cualquier profesión relacionada con la hostelería durante 18 meses, después de que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico lo haya solicitado como parte de la condena por los ruidos de su bar. El fiscal también reclama contra ella una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito contra el medio ambiente, pero también por las lesiones provocadas a los vecinos de la zona que la denunciaron.
Según consta en el escrito de acusación del fiscal, el ruido "excesivo" e "intolerable" que provocaba la música del bar llegó a generar en dos vecinos "un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, con merma notable de su calidad de vida". Esto, unido al hecho de que la acusada no remedió la situación, "pese a las repetidas inspecciones de la Policía Local" han hecho que el Ministerio Público llegue a pedir que en la sentencia también se recoja la posibilidad de que no pueda trabajar en el mundo de la hostelería durante 18 meses.
El fiscal señala que la procesada, identificada como R.M.F., explotó durante entre 2008 y 2010 el bar En Poniente que, pese a tener una licencia para cafetería sin cocina y sin música, "realmente se trataba de un bar en el que, bastantes meses antes de la licencia de apertura, habitualmente se ponía música a elevado volumen procedente fundamentalmente de dos televisores sin limitadores acústicos". Es más, el escrito recuerda que "la calificación urbanística de la zona impedía la actividad de bares con música, por ser uso residencial para viviendas unifamiliares".
Pero los ruidos no sólo provenían del local, sino también de la calle, "pues emplazaba veladores que, aunque autorizados, invadían la calzada", y de los "equipos de aire acondicionado". El Ministerio Público destaca que sobre el establecimiento vivían dos vecinos que, especialmente en las noches y los fines de semana, "se vieron en su casa expuestos continuamente a ruidos excesivos e intolerables"; e insiste en que la acusada "conocía las graves molestias que continuadamente causaban a los habitantes de esa vivienda".
De hecho, las mediciones sonométricas arrojaron resultados de inmisión de ruidos en el dormitorio de los vecinos mencionados de 34,2 decibelios, cuando el límite es de 30, mientras que el nivel de emisión de las fuentes de ruido del bar era del 58,8 decibelios, frente a los 55 fijados por la Ley. Además, también se hicieron pruebas de aislamiento a ruidos de impacto y aéreo emitidos desde el local, resultando que era "claramente inferior al mínimo exigido".
Por ello, el fiscal afirma que los dos vecinos afectados se han visto "expuestos reiteradamente a ruidos que por su frecuencia, intensidad, duración y falta de control sobre la fuente han afectado gravemente a su sosiego, descanso nocturno y conducta", ya que la situación mantenida "les ha generado intenso estrés". De hecho, los perjudicados reclamaron de forma separada la responsabilidad civil, logrando que el Juzgado de Primera Instancia número 22 condenara a la acusada a pagar una indemnización de 3.000 euros cada uno y obligación de cesar en la emisión. Por todo ello, la Fiscalía también reclama a la dueña del bar el pago de una multa de 4.800 euros.
