La Fiscalía pide siete meses de cárcel para Sánchez Gordillo por la ocupación de Las Turquillas

Además, solicita que todos los imputados (54 militantes del SAT) paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa.

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  La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado siete meses de  cárcel para el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda  (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y para el secretario general  del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por la  ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna,  donde se ubica la Yeguada Militar del ejército. En un comunicado, el Ministerio Público ha informado de que, en su  escrito de acusación, pide para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego  Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes  del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de  desobediencia grave. Asimismo, la Fiscalía pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el  conjunto de los acusados --un total de 52 entre militantes y  simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un  delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta  de daños. Asimismo, la Fiscalía pide que todos los imputados paguen una  indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y  de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin  una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo  lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012. El Ministerio Público ha propuesto para el juicio oral, que se  celebrará en fecha por señalar en el Tribunal Superior de Justicia de  Andalucía (TSJA) al ser Sánchez Gordillo aforado, "diversa" prueba  testifical y documental.   La petición del fiscal se conoce después de que el Alto Tribunal  andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba  por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una  falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14  euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos. LOS HECHOS El magistrado instructor relata que fue el 23 de julio de 2012  cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar  Las Turquillas. Así, sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se  concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas  encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid  tierra y libertad. `Movilízate!. Las Turquillas para los  trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT. Según indica el magistrado instructor, los manifestantes se  dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca,  "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las dos  hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino,  "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo  seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente"  figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT. De este modo, y "preguntados" por el jefe del dispositivo montado  en el lugar por la Guardia Civil, contestaron que "pretendían ocupar  la finca para trabajar en ella y se dirigían a entrevistarse con los  responsables de la yeguada militar para comunicárselo", siendo  advertidos por el responsable de la Benemérita de que "podían cometer  un delito de usurpación". Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros,  "de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del  personal de la yeguada militar", y "destruyeron" un azulejo rústico  colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda  'Yeguada Militar', que sustituyeron por otro con el lema 'Igualdad y  Tierra'. 'TRABAJAR' LA TIERRA OCUPADA Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la  Guardia Civil, "que les advirtió que podían cometer un delito", pero  ellos "insistieron en que iban a ocupar la finca", mientras que el  oficial al mando del dispositivo, "que grabó videográficamente todo  lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la  finca", ordenó a los agentes a sus órdenes "no intervenir para evitar  una alteración del orden público". Junto al camino, los "ocupantes" instalaron "una especie de  campamento" formado por una choza de cañas y varias tiendas de  campaña, "en el que se fueron relevando para pasar los días y las  noches y 'trabajar' la tierra ocupada", asevera el magistrado, que  indica también que los imputados "fracturaron" los sistemas de guarda  y anclaje de un pozo cercano "e instalaron una especie de motobomba  para extraer el agua". De igual modo, "labraron un corto trozo de tierra y conectaron una  goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de  suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se  apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron"  cuando desalojaron la finca. RIESGO DE INCENDIO AL PRENDER FUEGO A 18 ALPACAS DE PAJA Además, el 26 de julio prendieron fuego a 18 alpacas de paja, "con  riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona", un riesgo que  "se incrementó durante los días de la ocupación, al circular  constantemente sus vehículos por tierras de labor", habiendo  desaparecido además la cadena que delimitaba el terreno cedido al  Ayuntamiento de Osuna y que impedía el acceso a coches hacia el  acuartelamiento. Al día siguiente, unas 35 personas rompieron un candado de la  cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y  almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un  depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía. Fue el 7 de agosto cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de  Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue  notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia  Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que  "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la  fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de  agosto.  

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