El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, aseguró ayer que no comparte la normalización de la situación urbanística en la zona de la Axarquía a la que se pretende llegar con unas 11.000 edificaciones irregulares que existen en esa comarca a través de un decreto en el que se establezcan procedimientos para el reconocimiento de estas construcciones.
"No comparto en absoluto esa normalización, todo lo contrario", indicó Morales, quien destacó, en declaraciones a Europa Press, la "importancia" y la "gravedad" de esos delitos, ya que "no quedan por un determinado tiempo, sino permanentemente, para el futuro hasta hipotecarlo".
Morales asegura que esas construcciones pueden ser "económicamente rentables a corto plazo, pero a la larga será un desastre turístico, económico y social y afecta a algo tan importante como el paisaje". "Existe el derecho a un paisaje limpio y sostenible, donde la sociedad vaya evolucionando a mejor", apuntó.
El fiscal jefe insistió en que "perpetuar todos esos atentados que se han hecho a la naturaleza, al paisaje y al medio ambiente no se comprende fácilmente, sobre todo, cuando ha habido una lesión de bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico". El responsable de la Fiscalía malagueña añadió que "se debería aplicar el rigor jurídico y lógicamente la demolición de todas estas construcciones ilegales y la vuelta a la normalidad y al paisaje primitivo de aquella zona, que es muy bonita".
La Consejería de Vivienda presentó hace una semana en Consejo de Gobierno un informe que avala el nuevo decreto con el que se pretende regularizar el 90% de viviendas ilegales de la Axarquía y del Valle del Almanzora (Almería), en total, 25.000 casas. El coste de la legalización correría a cargo de los dueños. Vivienda calcula que en Andalucía hay 100.000 pisos ilegales.