El recurso, presentado por el propio fiscal delegado, Juan Enrique Egocheaga, mantiene que la medida no es "necesaria ni proporcional" al considerar que no puede justificarse argumentando que pretende evitar que la Administración autonómica pudiera eludir la acción de la justicia o causar daños "graves e irreparables" ya que la Junta ha colaborado y "ha venido respondiendo a cuantos requerimientos" le ha hecho el juzgado, informa Europa Press. La magistrada señaló en su auto que exigía el depósito inmediato de estos documentos para "salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para evitar, también en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas".
Todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 se encuentran depositadas, en sobres lacrados, en los juzgados sevillanos desde la semana pasada. La Junta entregó estos documentos después de que la magistrada diera un ultimátum y exigiera su depósito bajo apercibimiento de delito. Dio diez días a la Fiscalía y a las partes para que se pronunciaran.
El Gobierno andaluz rechaza que todas estas actas de forma indiscriminada puedan hacerse públicas y alega que la jueza viola con su requerimiento el carácter secreto de estos documentos. Se ampara en la Ley del Gobierno y exige a la magistrada que acote qué actas son pertinentes para la investigación del presunto fraude de fondos de Empleo. Exige que se acuda al Tribunal Supremo para que éste dirima quién tiene la razón.
La Fiscalía, que respalda las tesis de la Junta, censura el auto de la magistrada y subraya que no se conoce que en la aportación de documentos que ya ha hecho el Gobierno hasta ahora ésta haya realizado alguna "alteración o destrucción". Además, es contraria a exigir una medida cautelar al tener en cuenta que el destinatario también es la Junta que ésta está personada en las actuaciones y no es parte imputada a la que, en su caso, se le pudiera presumir "una futura actuación defensiva, obstruccionista o llanamente evasiva".
Anticorrupción también indica que la Junta es una Administración Pública sujeta a la Ley en la custodia de sus propios actos administrativos. Las actas de su Consejo de Gobierno -subraya el escrito- ya están por ley protegidos por un funcionario público, el viceconsejero de Presidencia.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, celebró ayer que "después de todo lo que se ha dicho", la postura de la Junta coincida con la Fiscalía. El presidente del PP-A, Javier Arenas, señaló que "el fiscal tiene que estar al servicio de la investigación, de la legalidad y de la transparencia, no al servicio del Gobierno". Dijo estar "muy preocupado" por el recurso y "porque se han producido en los últimos días nombramientos de fiscales vinculados a los ERE", que al PP les han "escamado mucho".
