La Fiscalía de Sevilla ha presentado una demanda contra varios programas de Telecinco y las productoras de los mismos a las que reclama 100.000 y 30.000 euros de indemnización para la novia del presunto asesino de Marta del Castillo y una amiga de la joven fallecida, por el daño causado en sus derechos a la intimidad al aparecer en varios programas de esta cadena.
Para la fiscal jefe, María José Segarra, la aparición de estas menores en El programa de Ana Rosa, Rojo y Negro, Está pasando y en los informativos de la cadena durante los días 15 y 16 de febrero (tras la detención de Miguel Carcaño) no tenían ningún "interés público" y nada justificaba su presencia, salvo por "elementos espectaculares o morbosos". Segarra, que ha revisado más de 200 horas de vídeo, aún no ha cerrado la investigación que ella misma inició de oficio, pero ha preferido interponer esta primera demanda y continuar analizando los contenidos de otras cadenas.
La demanda considera "especialmente perjudicial" las entrevistas a la menor de Camas, ya que, además de no difuminarse su rostro, la joven contestó a preguntas sobre su vida íntima y de su relación con Miguel que no aportaban ningún dato relevante sobre el caso. En este sentido, Segarra destaca que "la relevancia pública de la información no puede confundirse con el difuso objeto de un inexistente derecho a satisfacer la curiosidad ajena", y asegura que cuando están implicados menores de edad debe reforzarse el principio general de protección de sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Cuando se trata de menores, los ataques a esos derechos tienen un "plus de antijuridicidad porque pueden perturbar el correcto desarrollo físico, mental o moral" del joven, destaca Segarra.
La demanda, que ahora será turnada por reparto a alguno de los Juzgados de Primera instancia de Sevilla, cita la Carta Europea de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y varios códigos deontológicos de la profesión periodística española para afirmar que "parece claro que los programas aludidos han vulnerado" dichos principios básicos.
Para calcular la indemnización, la demanda tiene en cuenta los datos de los tres programas demandados, de ahí que se fije en 100.000 euros para la novia de Miguel y en 30.000 euros para la amiga de Marta. No obstante, Segarra también indica que en caso de que el juez condene a las productoras y a la cadena, las cantidades se ingresen en un depósito a plazo fijo, del que no podrán disponer los padres o tutores legales de las menores hasta que éstas alcancen la mayoría de edad. Además, la demanda añade que si la sentencia es condenatoria se publique en un programa "de igual relevancia" que en los que aparecieron las dos menores.
