El fiscal da otro toque a Alaya por el riesgo de que prescriban delitos

Entre ellos pide que cite ya a Rivas, Mellet y Ángel Rodríguez de la Borbolla

el 03 sep 2013 / 14:08 h.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la titular del juzgado de instrucción 6, Mercedes Alaya, en el que reitera varias de sus peticiones para agilizar la investigación de este órgano sobre el presunto fraude en ayudas públicas para ERE de empresas en crisis. En concreto, el Ministerio Público reclama que la magistrada fije ya un calendario para tomar declaración a 19 imputados en el caso ERE, algunos de los cuales llevan más de dos años en esta situación. Entre ellos se encuentran el exdelegado de Empleo Antonio Rivas y el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet (ambos imputados desde el 11 de marzo de 2011) y Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla (imputado el 5 de marzo de 2012). En un escrito con fecha 1 de septiembre la Fiscalía también pide a Alaya agilizar la declaración en sede judicial de cinco de los detenidos en la Operación Heracles desplegada el pasado marzo así como que requiera a la Guardia Civil que "a la mayor brevedad" presente informe del resultado de los registros realizados en esta operación. La jueza retomará las declaraciones de imputados el próximo 10 de septiembre con Antonio Diz-Lois, al que seguirán el viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano el día 17 y el exdirector de Presupuestos Buenaventura Aguilera el 19, el exviceconsejero de Empleo Justo Mañaas el día 30 y el exdiputado socialista Ramón Díaz el 9 de octubre. Precisamente, ante las declaraciones de Lozano y Aguilera, imputados por su presunta implicación durante su etapa como directores de Presupuestos, la Fiscalía reclama que para esa fecha se pueda contar con las conclusiones de la Cámara de Cuentas sobre procedimiento de ejecución presupuestaria y de las investigaciones de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado "sobre las diferentes formas mediante las cuales se ha articulado el pago de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas desde el ejercicio 2000 por la Junta de Andalucía". La Fiscalía señala a la jueza "la necesidad de priorizar determinadas declaraciones" y "acelerar la investigación de cada expediente relativo a perceptores de fondos públicos conforme al procedimiento específico" investigado -el convenio entre el IFA (hoy IDEA) y la Consejería de Empleo que permitía librar cuantías de la partida 31.L para ayudas sociolaborales eludiendo los controles habituales de la administración-. Para ello, no duda en reclamar a Alaya que solicite "todas las medidas de refuerzo que permitan afrontar la causa con recursos humanos y materiales suficientes", refuerzos que la jueza ha rechazado reiteradamente. Además alerta del "riesgo" de que "la complejidad y extensión de la causa" deje "sin perseguir y condenar, en su caso, la participación de personas que hayan percibido fondos públicos de forma presuntamente ilícita con la consecuente dificultad para reintegrar en vía penal los mismos a las arcas de la Junta de Andalucía". En concreto, el Ministerio Público en su escrito alude a las ayudas percibidas enntre 2000 y 2003 por 14 empresas y entidades como Hijos de Andrés Molina (1.069.801,55 euros), Santana Motor (28,6 millones en dos ayudas de 2001 y 2002), Jerez Industrial (más de 12,5 millones en cuatro ayudas), el Bufete Olivencia Ballester (119.828 euros) o el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (871.467,5 euros). Por último, Anticorrupción reitera su petición de imputación de 3 personas presuntamente conocedoras de irregularidades en las subvenciones concedidas a Cespa y FCC y que se fijen medidas cautelares para otras dos, así como que se una a la causa documentación aportada por varios imputados. Igualmente, insiste en pedir a Alaya que requiera a las aseguradoras investigadas (Vitalia y Uniter), los despachos de abogados que actuaron como mediadores (Estudios Jurídicos Villasís) y los sindicatos UGT y CCOO información sobre sus cuentas y presuntos cobros y pagos entre unas y otros por su intervención en la negociación de las prejubilaciones bajo sospecha, así como la información que haya recabado la Guardia Civil o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias sobre dichas cuentas.

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