"Aboca inevitablemente a una inquisición general" que no es compatible con la Constitución española. Es el argumento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para intentar frenar la investigación abierta por Garzón sobre las desapariciones del franquismo. El fiscal cree que son delitos ya perdonados.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la decisión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo al considerar que su pretensión "aboca inevitablemente a una inquisición general" contraria a las reglas básicas del proceso penal.
Así lo recoge el recurso firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que solicita que, "a la mayor urgencia", se anule el auto. Zaragoza cree que Garzón hace una "singular interpretación" al enmarcar la competencia de la Audiencia Nacional en que los hechos son constitutivos de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero, ya que estima que "es público y notorio" que las víctimas fueron ejecutadas y, por tanto, estamos ante delitos de asesinato -que no de lesa humanidad-, que han prescrito.
Según explica el recurso, es cierto que el delito de detención ilegal es permanente y no prescribe mientras no aparezca la víctima, pero en estos hechos es "notorio" el fallecimiento del secuestrado y, subraya, ni siquiera el juez instructor se plantea la posible "subsistencia" de detenciones ilegales más de allá de 1951, por lo que consideran que los hechos deben calificarse como asesinatos. Sostiene también que por cada delito se debe abrir un sumario para evitar en lo posible una "acumulación innecesaria".
La Fiscalía pone de manifiesto que los delitos han prescrito también en virtud de Ley de Amnistía (1977) y que resultaría un "absoluto disparate jurídico" cuestionar la legitimidad de esa norma y, "lo que es peor, atribuirle el estigma de ley de impunidad" porque, pese a que es una ley preconstitucional, fue aprobada por un Parlamento democrático en pleno proceso de transición.
El recurso, que consta de 41 folios, señala que la pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas es "justa", pero que la Ley de Memoria Histórica formaliza el reconocimiento de esa "injusticia histórica" y articula las medidas precisas para llevar a cabo la identificación de las víctimas, la localización de las fosas comunes y la exhumación de los restos para entregárselos a sus familias.
Además subraya que los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes y sostiene que Garzón ha diseñado un "singular andamiaje jurídico" al vincular aquellos delitos con un delito contra los altos organismos de la nación y la forma de Gobierno, cuando "es público y notorio que los posibles responsables de este delito de rebelión han fallecido".
Ante la sala. Por otro lado, pese a que Garzón transformó de diligencias previas a sumario la investigación para obligar a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y así disponer de más tiempo para comenzar a practicar las 19 exhumaciones acordadas, el ministerio público ha recurrido ante la Sala de lo Penal para que el recurso se resuelva "con la rapidez y celeridad exigibles" y "sin incidencias que dilaten" su decisión. En esta coyuntura, el PP ya aseguró ayer que suscribe absolutamente las consideraciones del recurso fiscal.