La Fiscalía, como la familia de Marta del Castillo, tampoco está de acuerdo con la resolución del juez de Menores que fija en marzo de 2013 la salida del Cuco del centro de menores donde está cumpliendo la condena impuesta por encubrir el crimen, por lo que ha recurrido el auto del magistrado. En su escrito, el Ministerio Público reitera su petición de que seis días en el piso tutelado cuenten como uno de internamiento, lo que implicaría que el Cuco esté seis meses más en el centro, hasta septiembre de 2013.
En un comunicado, la fiscal jefe, María José Segarra, insiste en que de los dos años y 11 meses a los que fue condenado aún le quedan por cumplir 686 días, en vez de los 498 días que establece el juez, quien consideró "desproporcionada" la petición del Ministerio Público porque, entro otros motivos, "nunca" antes se había aplicado un criterio tan restrictivo. Segarra lo niega y recuerda que "simplemente seguimos los principios inspiradores de nuestra legislación", que "siempre" se ha partido de "la equiparación de la libertad vigilada con grupo educativo en cuanto al abono de la medida cautelar" y que "en este caso hemos tenido en cuenta las especiales connotaciones que han rodeado la situación del menor".
El Ministerio Fiscal insiste en que otro argumento a favor "de una compensación más restrictiva" es el que "el menor no haya colaborado de manera activa para esclarecer los hechos y evitar el dolor añadido causado a las víctimas". Además, incide en que "no se ha producido el abono completo de la responsabilidad civil" (fue condenado a pagar los 414.000 euros del coste de buscar el cuerpo en el río), lo que se tiene en cuenta en "otras instituciones de la jurisdicción de Menores como es la conciliación en vía extrajudicial".
Para el fiscal, al contrario que para el juez Rafael Cuerda, el Cuco "no ha cumplido los objetivos" de su reeducación, objetivo de la Ley del Menor, ya que observa "ciertas involuciones o inestabilidad" en su conducta en los nueve meses que estuvo en un centro de forma preventiva y en el año y medio que pasó en el piso tutelado.
También se opone a que se le compute el tiempo que estuvo sometido a una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla. Según el auto, cada seis días con orden de alejamiento le contarían como uno en el centro, lo que resta 94 días a la pena final. La Fiscalía explica que en Sevilla "sólo existe un grupo educativo para chicos con ocho plazas", de ahí que estuviera en otra provincia y que, por tanto, "el alejamiento de su familia era inherente", y recuerda que fue sorprendido quebrantando la orden de alejamiento.
