La Fundación Mercasevilla arrancó en 2006. Desde entonces ha llevado a cabo diferentes proyectos. Desde la guardería hasta el foro jurídico, con la colaboración de distintas entidades. Hasta febrero de 2009, cuando el grupo La Raza puso la gestión de unas subvenciones de la Junta en cuestión. La Fiscalía revisa algunos de estos expedientes anteriores.
La investigación parte de una grabación de audio realizada por empresarios del Grupo La Raza en la que éstos supuestamente reciben de la dirección de Mercasevilla, como condición para acceder a una subvención extraordinaria de la Junta de 900.000 euros, la petición de 150.000 euros para la toma de electricidad y 300.000 que podían ser entregados a la fundación o dejados "olvidados" en un maletín. Se alude además a una "práctica habitual". En los últimos días se han producido al menos cuatro declaraciones ante la Policía Judicial por estos hechos: el ex gerente Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce, una trabajadora de Mercasevilla, que es un cargo directivo vinculado a la Fundación, y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas. La fiscal jefe encargada del caso, María José Segarra, no sólo analiza estos hechos. También otros proyectos y subvenciones tramitados desde la Fundación Mercasevilla, según informaron fuentes del caso.
La defensa de Fernando Mellet -con José Manuel Sánchez del Águila como letrado- ha ofrecido toda la colaboración a la fiscal para revisar iniciativas anteriores, ya que aseguran que no hay ninguna ilegalidad en los ejercicios contables precedentes y que todo ha sido debidamente auditado -de hecho el último informe de Price Waterhouse Coopers al que tuvo acceso este periódico es favorable-. La defensa incide en que no se ha reconocido ningún delito ni se le ha imputado ninguna irregularidad a Antonio Rivas.
Éste anunció el jueves su intención de poner el caso en manos de los tribunales, después de que tuviera que declarar al ser señalado por los dos ex altos cargos de Mercasevilla. De momento, es el único que ha anunciado su intención de poner el caso en un Juzgado. El Ayuntamiento lo estudia, aunque aún no ha tomado una decisión. "No hay una causa abierta y en el Consistorio tenemos una información muy limitada. Hemos ofrecido, eso sí, toda nuestra colaboración. Estamos estudiando la situación para ver si cabe o no personarnos en el caso. Pero hay que dejar claro que no hay ni un solo euro del Ayuntamiento. No lo descartamos pero tenemos que ver los detalles del caso", explicó el portavoz del grupo municipal socialista y delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, optó por seguir sin realizar declaraciones.
Gómez de Celis defendió la actuación del Ayuntamiento y de la Junta, aunque, en una entrevista concedida a Europa Press, admitió unas dudas sobre como se ha gestionado el caso en buena parte del Gobierno municipal: "Cuando lo supimos, nos planteamos hacerlo público, y probablemente desde el punto de vista periodístico hubiera sido lo mejor, pero desde el punto de vista de profundizar en la investigación, no".
El Consistorio fue informado por la Junta después de que ésta fuera advertida por el Grupo La Raza. Su abogado, Joaquín Moeckel, defendió ayer en declaraciones a Radio Sevilla la actuación de estos empresarios y subrayó las numerosas muestras de apoyo que han recibido estos restauradores, con varias concesiones públicas, tras realizar su denuncia.
