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La Fiscalía se querella contra el alcalde de Guillena por vertidos no autorizados

También se le responsabiliza de la construcción de una pista junto al río Rivera de Huelva.

el 29 nov 2012 / 16:04 h.

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La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha formulado una querella contra el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina Moya (PSOE), y su concejal de Medio Ambiente, Manuela Ruiz Falcón, por la construcción de una pista junto al río Rivera de Huelva y el "vertido continuado de aguas residuales urbanas" a este mismo cauce sin la correspondiente autorización en ambos casos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), según un documento  que el fiscal Javier Rufino ha elevado a los juzgados y al que ha tenido acceso Europa Press.

En el documento, fechado el 19 de noviembre, el Ministerio Público parte de los hechos denunciados por la federación sevillana de Ecologistas en Acción en cuanto al recorrido del río Rivera del Huelva por el término municipal de Guillena. Según la querella de la Fiscalía, media la "construcción reciente" de una pista que, según  las diligencias practicadas por la Guardia Civil, "no se trata de una rehabilitación o adecentamiento, sino de una nueva construcción que  no cuenta con autorización" de la CHG. Además, alude la querella al "vertido continuado de aguas  residuales urbanas" en el río Rivera de Huelva, concretamente 388.800  litros diarios, "sin realizar depuración previa y sin autorización"  de la CHG, toda vez que el alcalde y la concejal de Urbanismo, "son  garantes del cumplimiento de la normativa de medioambiente" y "han  permitido este vertido continuado de tóxicos". Y es que el  Ayuntamiento, según la querella, sólo goza de autorización de  vertidos en un lugar "puntual"  del río Galapagar con un caudal medio  de 2.880 metros cúbicos al día y siempre "previa" depuración de los  líquidos.

La Fiscalía, entre otras cosas, reclama la "declaración  judicial" de ambos querellados. Ecologistas en Acción, a tal efecto, ha hecho un "llamamiento a  todas las administraciones para que se resuelvan los problemas que  asfixian desde hace décadas a éste y otros ríos", porque tanto la CHG  como la Consejería de Medio Ambiente, "tienen la facultad de  regenerar este espacio y, a través de sus respectivas guarderías,  iniciar procedimientos penales contra los autores de delitos  medioambientales".

"Lamentablemente, la acción suele limitarse a procedimientos  administrativos en forma de sanciones o cánones de vertidos que no  revierten, la mayoría de los casos, problemas de esta magnitud. Hay  que cuestionarse si lo que se persigue es la recaudación o si en  cambio se deben abordar los delitos ecológicos seriamente como es  obligación", dice la organización ecologista.

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