La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer que se reabra la investigación sobre el accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares en Turquía en 2003. El Ministerio Público alega que el archivo del caso por parte del juez es "contradictorio" y pide que se investigue la contratación del avión.
Fue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien defendió esta iniciativa en la vista de los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó, el pasado 1 de junio, esta parte del procedimiento ante "la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español" en la contratación del avión.
El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó ayer por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que "las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación" que, a su juicio, ha sido insuficiente. Zaragoza recordó a los magistrados que fue su sección, la número cuatro de la Sala de lo Penal, la que ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que "era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa" en estos hechos.
A juicio del fiscal existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor "ha cercenado" la práctica de las diligencias que se le han pedido. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha "practicado una sola diligencia para investigar" el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre "cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto". En su auto, el juez aseguraba que el avión era "apto para volar" y atribuía el siniestro a la "falta de preparación" de la tripulación, que también falleció en el accidente.
"Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo", indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se deja de investigar la "falta de preparación de la tripulación", que no funcionara "el control de voz de la cabina", que la "carga de combustible fuera insuficiente", o que la compañía a la que se contrató el vuelo "no tuviera licencia comercial".
Elementos suficientes. "El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra...", prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos "suficientes para hacer una investigación", porque "¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador", sentenció.
Las acusaciones particulares criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.
