Según el fiscal, tras "la mayoría" de los accidentes hay un "móvil económico" que implica ahorrar en prevención y poner en riesgo a los trabajadores. "Sería interesante cuantificar el dinero que se deja de invertir en prevención", subrayó. Su temor es que el ahorro en este aspecto se agudice con la crisis y anunció que la Fiscalía estará vigilante.
El ministerio público cuenta con una red de fiscales especializados en siniestralidad laboral y desde 2004, gracias a un convenio con el Gobierno, reciben cursos de formación y actúan de manera coordinada con los técnicos de prevención e inspectores de la Junta. Así, en estos seis años, Empleo ha comunicado a la Fiscalía 4.523 partes de accidentes y paralizaciones de centros de trabajo por riesgo inminente para la seguridad de sus trabajadores, lo que motivó que los fiscales abrieran diligencias previas en 995 casos.
García Calderón reconoció que el número de acusaciones, juicios y sentencias por accidentes laborales ha aumentado no tanto por el incremento de siniestros como por que "antes muchas de estas actuaciones no llegaban a conocerse". Pero al afrontar un juicio por este tema, y ante la falta de testigos dispuestos a declarar por miedo a represalias, los fiscales deben recurrir a pruebas periciales que demuestren que la empresa puso en riesgo la vida del trabajador, con las dificultades técnicas que ello conlleva. El convenio de ayer, que actualiza el suscrito en 2004, profundiza en ello de forma que ante casos especialmente complejos, la Junta pondrá a disposición del fiscal expertos universitarios o técnicos de la administración para que realicen los informes periciales.
Griñán reconoció que los sistemas de producción cada vez más complejos requieren también mayor formación y especialización en técnicas de prevención y detección de infracciones. "Ningún accidente laboral es inevitable", subrayó Griñán, quien apeló a que la prevención "debe formar parte del proyecto empresarial y también de la responsabilidad de los trabajadores".
