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La Fiscalía tomará declaración a dos imputados por el desfase millonario

La sección de Delitos Económicos se ha hecho cargo de la investigación. La denuncia fue interpuesta por la Sareb en Madrid a finales de julio

el 21 nov 2013 / 23:57 h.

J.M. Espino (ATESE) J.M. Espino (ATESE) La Fiscalía de Delitos Económicos se ha hecho cargo de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por posibles irregularidades en la promoción de 583 VPO en Sevilla Este. El Ministerio Público tiene previsto citar a declarar a dos posibles responsables como imputados en las próximas semanas, tras lo que decidirá las nuevas actuaciones a emprender o si archiva la causa. Fuentes del Ministerio Fiscal explicaron a este periódico que las diligencias de investigación se abrieron el pasado 30 de julio, después de que fueran trasladadas a la Sección de Delitos Económicos desde la Fiscalía de Madrid, lugar en el que la Sareb interpuso la demanda. Desde entonces la investigación se mantiene abierta aunque, por el momento, se encuentra en una fase muy embrionaria. Según señalaron las mismas fuentes, en las próximas semanas el fiscal citará a dos personas que supuestamente podrían tener responsabilidad en el desfase de varios millones de euros en la construcción de las viviendas, y cuya identidad no han querido revelar las fuentes citadas. Estas dos personas declararán en calidad de imputados y tras su citación la Fiscalía tomará una decisión sobre la continuidad de las diligencias. Es decir, tendrá que resolver si continúa investigando, para lo que reclamaría diversas pruebas documentales a los denunciantes o, si considera que no hay indicios de delito, archivar el caso. En concreto, la demanda de la Sareb se dirige contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). En la misma, acompañada por una auditoría externa, ponía en conocimiento el desfase de entre 12 y 14 millones de euros en la construcción de la promoción Isbylia, ejecutada al 95%. El conocido como banco malo le pide al fiscal que investigue si existe un posible delito por falta de justificación en los fondos empleados para la obra, ya que según ha podido constatar la entidad el desfase es fruto de la diferencia entre el préstamo inicial que otorgó inicialmente Caja Madrid por valor de 50 millones de euros y los entre 36 y 38 millones en que está valorado lo ejecutado hasta ahora. A esta cifra hay que añadir otros 9,5 millones de euros recaudados con las aportaciones iniciales que hicieron los adjudicatarios, quienes entregaron cantidades que oscilan entre los 17.000 y los 21.000 euros. Asimismo, esta promoción de viviendas ha venido contando con subvenciones de la Junta de Andalucía por un valor total de 1,7 millones de euros. La denuncia de la Sareb se dirige contra la Fundación, cuyo patrono fundador es Santiago Herrero, presidente de la CEA, y cuestiona también las empresas que se hicieron cargo de la construcción: Dolmen, que quebró, y después Nazarí, cuyos administradores eran los mismos de Dolmen. La finalidad es que la Fiscalía pueda investigar qué ocurrió con el dinero y quién o quiénes pueden ser los presuntos responsables. Si finalmente el fiscal encuentra algún indicio de delito tendría que denunciar los hechos ante un juzgado de Instrucción, con lo que sería la quinta causa abierta en los tribunales a la que se tendría que enfrentar la Fundación y aquellas personas contra las que se dirija la denuncia del Ministerio Fiscal. Otra opción es que tras las pesquisas, el Ministerio Público determine que no hay motivo para considerar los hechos como delito, lo que implicaría el archivo de las diligencias. Si este fuera el caso, la Sareb aún conservaría la posibilidad de presentar una querella en los juzgados e intentar así que un juez abra las diligencias contra los que considere autores de este desfase millonario. La otra vía judicial abierta a la que se enfrenta la Fundación es en los juzgados de Primera Instancia, donde los adjudicatarios de las viviendas afectados, donde reclaman la devolución de las cantidades entregadas a cuentas y que han desaparecido, pese a que, por ley, deberían estar inmovilizadas y garantizadas.

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