El año pasado, a raíz de la muerte en Guadalajara de una niña de 14 años al tirarse de una furgoneta en marcha para no volver al centro de menores en el que vivía, el Defensor del Pueblo estatal, Enrique Múgica, presentó un informe tras inspeccionar 27 de estos centros (tres de ellos andaluces) en el que denunciaba castigos corporales, vejaciones, instalaciones deterioradas y saturadas, informe que llevó al cierre de algunos de estos centros.
Los de Andalucía no salían mal parados pero en su memoria anual, la Fiscalía ha inspeccionado los veinte centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, con algo más de 200 plazas, gestionados por entidades privadas pero concertados por la Junta, y la conclusión es que es necesario regular un régimen sancionador común para todos ellos.
La situación actual es que cada centro tiene su propio reglamento interno que, en muchas ocasiones, ni siquiera está expuesto públicamente para conocimiento de los propios menores. La Consejería de Igualdad aprobó en 2007 un normativa marco de organización y funcionamiento pero en lo que se refiere a las sanciones que se pueden imponer, no existe una norma estatal ni autonómica y la Fiscalía insta a la Junta a acometerla puesto que los menores que ingresan en estos centros están bajo su tutela, bien por haberse declarado su desamparo o bien por orden judicial. Precisamente, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, critica que sólo se ofrezcan soluciones para chicos conflictivos si los padres renuncian a su tutela.
El ministerio público indica en su memoria de 2009, presentada recientemente, que en este régimen sancionador común que pide a Igualdad "debe aclararse si se proscriben definitivamente, como debería ser, las llamadas salas de reflexión, especificarse cómo debe aplicarse la separación del grupo y su duración máxima, y detallarse los casos en los que se puede utilizar medios de contención mecánica, en especial los motivos tasados en los que se puede recurrir a los mismos". Centros como La Casa o Nicolas Salmerón, ambos de Almería, reconocen el uso de medios mecánicos de inmovilización en caso de "extrema agresividad", o el Dulce Nombre de María de Málaga cuenta con "aula de reflexión".
inspección semestral.
Además, la Fiscalía también asume compromisos propios como realizar visitas a estos centros cada semestre, supervisar sus proyectos educativos, memorias y reglamentos de régimen interno y elaborar una estadística propia sobre los centros y los menores internos. Este registro "permitiría comprobar que las resoluciones que afecten al ingreso o traslado de menores a estos centros han sido remitidas al Ministerio Fiscal y facilitaría el seguimiento de las quejas que en su caso puedan presentarse por un mismo menor o contra un mismo centro".
En su memoria, la Fiscalía recoge que en una primera inspección al centro Benalup de Cádiz, los menores entrevistados se quejaron de "un exceso en la fuerza física en las contenciones", lo que se advirtió a sus responsables y en una segunda inspección no se pudo constatar esos excesos. La Fiscalía ha vigilado estrechamente el centro Prado de Santa María de Córdoba ya que unas menores que en 2008 denunciaron malos tratos en los tribunales, se retractaron posteriormente sin que el fiscal pudiera constatar presiones para ello.
En cuanto a los centros, recomienda que publiquen en paneles informativos situados en zonas comunes los derechos y deberes de los menores e incluso se les comuniquen a cada uno por escrito, así como informarles del protocolo a seguir si quieren formar alguna queja o entrevistarse con un fiscal. Las inspecciones realizadas el año pasado revelan que los menores internos de La Granja II en Sevilla o Santa Elena I y II de Córdoba carecen de un sistema para presentar sus quejas y reclamaciones por escrito.
