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La Fiscalía ve indicios de delitos de lesa humanidad en El Aaiún

El fiscal pide al juez Moreno que pregunte a Rabat si investiga la muerte del español.

el 26 nov 2010 / 19:24 h.

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El campamento saharui de ‘Gdaim Izik’ en El Aaiún tras el desmantelamiento llevado a cabo por la Policía marroquí el día 8.

Marruecos pudo incurrir en un delito de lesa humanidad en el desmantelamiento del campamento saharaui en El Aaiún. Al menos esa es la conclusión preliminar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.


El representante del Ministerio Público Pedro Martínez considera los hechos ocurridos tras el desalojo de Agdaym Izik constitutivos de un delito de lesa humanidad, "con carácter provisional y sin perjuicio de una mayor concreción futura".


El fiscal ha solicitado al juez Ismael Moreno que pregunte a Marruecos si ha abierto una investigación sobre la muerte del español muerto en El Aaiún, Baby Hamday Buyema, antes de informar sobre si este tribunal es competente o no para instruir las dos querellas presentadas. Así consta en el escrito remitido ayer al juez, en el que estima procedente que, antes de resolver sobre la admisión de las querellas presentadas por la Liga Española pro Derechos Humanos y el hermano del fallecido contra el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el gobernador de El Aaiún, curse una comisión rogatoria a Rabat para comprobar si existe alguna investigación.


El pasado 8 de noviembre las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron por la fuerza el campamento de Gdeim Izik, donde miles de saharauis habían instalado 6.500 tiendas de campaña para reclamar mejores condiciones económicas y sociales en la parte del Sáhara Occidental bajo control de Marruecos.


El Ministerio Público considera los hechos ocurridos constitutivos de un delito de lesa humanidad y argumenta esta posición en que las circunstancias descritas en las querellas, "unida a los antecedentes históricos, permiten afirmar sin perjuicio de una ulterior información más completa" que los hechos podrían incurrir en el citado delito. Según explica, "la actuación policial se dirige contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para considerarlo grupo nacional o étnico a los efectos indicados".


En cuanto a la competencia o no para investigar estos hechos, el fiscal recuerda que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la actuación de los tribunales españoles a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito estén en España o cuando exista algún vínculo de conexión.


Además, otro ciudadano español Ahmed Yeddou Salem Lecuara anunció ayer que presentará una querella por el maltrato que asegura que recibió durante el desmantelamiento del campamento, informó su letrada.


detenidos golpeados. El dictamen del Ministerio Público español coincide con la publicación de la primera investigación independiente sobre el desalojo forzoso del asentamiento saharaui. Así, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció ayer que las fuerzas de seguridad de Marruecos cometieron "repetidos abusos" y golpes a los saharauis detenidos tras los disturbios del pasado día 8. "Las fuerzas de seguridad marroquíes también atacaron directamente a los civiles", concluye la organización en su último informe sobre la situación, en el que también pide a las autoridades de ese país que cese "inmediatamente el abuso contra los detenidos y realice un investigación independiente".


Las violentas confrontaciones ocurridas por esa acción ocasionaron la muerte de 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y de dos civiles, según datos oficiales del país magrebí, además de numerosos actos de destrucción de propiedades privadas. HRW apunta que no ha podido comprobar la cifra de muertos. "Las fuerzas de seguridad tienen derecho a usar la fuerza de manera proporcionada para prevenir la violencia y proteger las vidas, pero nada justifica golpear a las personas bajo custodia hasta dejarles inconscientes", afirmó la directora de HRW para África, Sarah Whitson.

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