Una joven coge libros de texto de una estantería de un centro comercial. / El Correo
El cheque-libro, incluido en el plan de gratuidad de libros de texto que puso en marcha la Consejería de Educación en el curso escolar 2005-2006, está hundiendo al comercio minorista de los libreros. Los colegios entregan en junio a los padres de los alumnos de educación obligatoria un talón por valor de los libros que necesitarán durante el curso y estos pueden comprarlos en cualquier establecimiento. El problema es que las librerías no cobran por este material hasta finales de octubre o noviembre y, además, sólo el 80% del importe. El 20% restante se les abona en enero o febrero.
Rosa C., propietaria de una librería-papelería de un pueblo del Aljarafe sevillano, es el fiel reflejo de que el sistema falla para los más débiles. Ella carece de medios para poder adelantar el dinero del material que le encargan los padres y por eso este curso ha decidido no recoger los cheque-libro. Rosa lleva con el negocio tres años, aunque siempre ha estado ligada al sector porque su padre tenía también una librería-papelería. «Antes la situación era mucho mejor», cuenta. Recuerda que los dos primeros años sí recogió el cheque-libro, pero ya no lo puede hacer porque cuando recibe el primer pago por parte de los colegios, después de que estos hayan recibido el dinero de Educación, es muy tarde. Cree que este sistema tiene que cambiar para que los pequeños libreros como ella puedan seguir aceptado los talones (la venta del cheque libro tiene un efecto arrastre, porque los alumnos aprovechan para adquirir material escolar). «Para poder mantener abierto mi negocio hago de todo: soy agente de seguros, vendo chucherías, decoro globos y hasta alquilo fuentes de chocolate», dice Rosa.
El sistema tiene dos grandes puntos negros: los plazos establecidos por la Administración para pagar los manuales y la competencia desleal de algunas Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) y de algunos centros escolares, que también canjean los cheque-libro, «eludiendo el pago de impuestos, porque no tienen licencia fiscal que ampare su actividad comercial», según viene denunciando reiteradamente la Federación de Asociaciones de Libreros (FAL), sin que hasta ahora Educación haya actuado con contundencia para poner fin a estas prácticas.
Esta situación está provocando que pequeñas librerías de Andalucía el 90% de estos establecimientos, de cerca de los 2.000 que hay en Andalucía, tiene de uno a tres trabajadores haya optado por no admitir los cheque-libro. La razón es bien sencilla: tienen graves dificultades para poder acceder a créditos que les permitan pagar por adelantado los encargos, a la espera de que la consejería salde la deuda por el precio de los manuales. Un problema que ocurre a la mayoría de las pymes, a pesar de que tanto la Junta como el Gobierno les prometen ayudas que no están llegando y que está propiciando la desaparición o reconversión de las librerías y papelerías en otro tipo de negocios.
Hasta que la Junta implantó el sistema de gratuidad de libros de texto, su venta era un balón de oxígeno para estos comercios porque les permitía cuadrar las cuentas de todo el año, según admite el responsable de este área de la FAL, Juan García, quien remarca que ahora el sistema de pago establecido está hundiendo a los pequeños, «porque no pueden abonar los pedidos cuando se los encargan», tal y como exigen habitualmente editoriales y distribuidoras.
A ello se une que, desde la puesta en marcha del plan de gratuidad, los beneficios por la venta de libros de texto han caído en picado, pasando de cerca del 20% al 10 o 12%, lo que, según García, ha provocado que en poco tiempo hayan tenido que echar la persiana unas 200 librerías. «Muchas de las que siguen abiertas se tienen que dedicar a vender todo tipo de artículos y hasta pan caliente para poder comer. Se está rompiendo la red cultural más importante que hay en Andalucía», se lamenta.
El otro agujero del plan de gratuidad es «la venta ilegal» de libros de texto por parte de algunos colegios y Ampas, «que actúan como librerías al recoger los cheque-libro, pero sin estar dados de alta en la Seguridad Social para ejercer este trabajo», critica este librero. Las instrucciones de Educación son muy claras, añade, pues se especifica que «no está permitida la gestión de los cheque-libro por parte de Ampas, asociaciones o los propios centros escolares que puedan obtener beneficios del algún tipo derivados de esta gestión destinados a un gasto distinto al programa de gratuidad». Ante esta situación, García confía en la promesa de Educación de que se van a incrementar los controles para impedir la venta irregular de libros de texto por parte de colegios y Ampas.
