En Andalucía hay unas 20.000 personas con trastorno mental grave diagnosticado, definido como aquél que requiere "un tratamiento intensivo, prolongado e interdisciplinar", según Rafael del Pino, coordinador del programa de Salud Mental del SAS, que cuenta con 2.764 profesionales especializados. Pero se calcula que "una de cada cuatro personas sufrirá en su vida un trastorno mental que requerirá tratamiento" y en colectivos como los sin techo o los presos hay, según estadísticas recogidas por el Defensor del Pueblo Andaluz, entre un 30% y un 40% de enfermos mentales sin diagnosticar o tratar adecuadamente, aunque hay programas específicos.
Tanto el responsable del SAS como el Defensor o la Asociación de familiares, allegados y personas con trastorno mental grave de Sevilla (Asaenes) valoran los "avances" y recursos existentes hoy, "siempre insuficientes y mejorables". Pero rechazan el "estigma" y lamentan que ante estos casos surjan voces que clamen por volver al internamiento.
"Como profesional da rabia porque sería un paso atrás", dice Del Pino, que reconoce entender que ante casos tan llamativos "haya gente que tenga miedo pero a todos nos puede pasar una enfermedad mental y si sentimos rechazo y discriminación, habrá más dificultades para que estas personas organicen un proyecto de vida". "En la inmensa mayoría de los casos hay tratamiento, porque lo importante no es si se cura, sino si con éste puede organizar su vida. El problema es cuando la persona no reconoce la enfermedad y carece de apoyo y recursos en su entorno para asumir el tratamiento". Aunque se ha avanzado contra el estigma, Del Pino subraya que "los dos miedos más ancestrales que tiene el ser humano son a la muerte y a perder el control de sus impulsos, por eso no queremos hablar de la muerte ni de la enfermedad mental"
Desde Asaenes, la secretaria general, Ana Ochoa, coincide en que el internamiento ha de ser "lo último". A su juicio apoyar a la familia con recursos y formación son la clave porque aunque loa el sistema de Salud Mental y la implicación de los profesionales, reconoce que "es cierto que a veces la patata caliente se le pasa a las familias". Ochoa tenía 8 años cuando la enfermedad de su hermano dio la cara y la reforma psiquiátrica les pilló "al límite, con la desesperación de no saber qué le pasa, dónde acudir". Hasta los 35 años no llegó a Asaenes, que para ella supuso "dejar de malvivir con la enfermedad de mi hermano y convivir con ella. Mis padres no iban y mi hermano no entendía su enfermedad. Yo se la expliqué y hoy es un hombre responsable que cuida de mi madre de 80 años".
Afirma que las familias "llegan muy desesperadas. La enfermedad mental se oculta por miedo al rechazo social y porque no es fácil asumir que un familiar es un enfermo mental y eso aísla. Poder hablar por fin con otros en tu mismo caso y que te expliquen hace que empieces a recuperar tu vida, y el enfermo también con su tratamiento".
Insiste en la detección precoz porque "si se trata pronto, el 90% van a tener una vida plena que no se va a romper como si llega ya a los 30 años. Cuando la persona tiene conciencia de su enfermedad mental, apoyo familiar, recursos y medios, el internamiento podrá ocurrir pero será excepcional". Lamenta que casos como el del parricida "estigmatizan mucho cuando probablemente este joven tuvo un brote psicótico y se sentía amenazado". "Habría que reflexionar que estos casos, si no son punibles, terminen en un psiquiátrico penitenciario, aunque el tratamiento es exquisito con profesionales excelentes, en vez de en un centro de rehabilitación".
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, alerta en sus informes y su reciente libro de enfermos que acaban en prisión por delitos que ni siquiera llegan a comprender. Defiende que la reforma psiquiátrica "resultaba imprescindible para dignificar la vida de los pacientes" pero "la administración ha descargado sobre la familia una difícil misión" sin ver previamente "si contaba con los medios necesarios". "La reforma psiquiátrica en España la han hecho las familias, que no pueden ser el único" instrumento para desarrollar el tratamiento, alega. A su juicio, falta especialización para tratar a menores con trastorno de conducta y a los enfermos duales que abundan en cárceles y entre el colectivo sin hogar que al trastorno mental suman el consumo de drogas.
Existen recursos residenciales tanto en los hospitales del SAS -150 camas en las Unidades de Agudos del Virgen del Rocío, el Macarena, el Valme, el hospital de San Lázaro y el de Osuna más 50 concertadas en San Juan de Dios (600 en 21 hospitales andaluces) y 53 en las cuatro comunidades terapéuticas (14 con 230 camas en total) para internamientos de seis meses a un año- como gestionados por la fundación pública para la integración social de personas con enfermedad mental (Faisem) -200 plazas en casas-hogar (900 en Andalucía) y 182 en pisos tutelados (750 en total)-. La red de recursos se completa con 18 unidades de Salud Mental comunitaria (77 en Andalucía) en centros de salud; cuatro hospitales de día con 80 plazas (16 con 340 en global) donde los pacientes reciben tratamiento intensivo pero duermen en su casa; dos unidades de rehabilitación con 60 plazas (9 con 300 plazas en total) para programas específicos con pacientes de larga duración sin internamiento; 50 plazas en tres unidades de salud mental infantil con hospital de día (240 en 14 centros andaluces); y 600 plazas en centros de día de Faisem con talleres ocupacionales y de ocio.
La clave es el tratamiento "individualizado", afirma el doctor Del Pino, quien dice sí "rotundamente" a que "cualquier persona con trastorno mental grave, con el tratamiento y el seguimiento adecuado, puede hacer su proyecto de vida personalizado, que no tiene que ser el habitual y a veces habrá fracasos pero no podemos recular".
