La disolución de la Fundación Mercasevilla, que arrastra una deuda de 1,1 millones, no será tan fulminante como parecía. Ayer el Consejo de Administración de la empresa lo pospuso a la espera de un informe, ya que no es el órgano competente. La extinción deberá abordarla el Patronato bajo la supervisión de la Junta, como marca la Ley.
Con la Ley de Fundaciones de Andalucía en la mano, la disolución de la Fundación Mercasevilla, como pedía el alcalde, no es cuestión que se pueda solventar con rapidez. Ayer esta circunstancia se ponía de manifiesto en el Consejo de Administración de Mercasevilla, que se había convocado de forma urgente para tratar este tema, que no pudo más que tomar conocimiento del informe realizado por la comisión auditora, en el que se revela un agujero de 1.116.148 euros en las cuentas de la Fundación. Su disolución quedará emplazada a un estudio, aunque será el Patronato de esta misma entidad el que la ejecute.
La Ley es clara a este respecto: "La liquidación se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado" (órgano dependiente de la Consejería de Justicia). De hecho, éste era el argumento del PP, que desde el principio tachaba de ilegal la disolución que ayer calificó de "maniobra política" por parte del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, "para distanciarse de lo ocurrido en la Fundación".
De esta forma, el consejo acordó que se estudiase la posibilidad de la disolución ante el demoledor informe que revelaba deudas y anomalías que, según el documento, nunca fueron reveladas por la auditoría y eran desconocidas por los órganos de gobierno de Mercasevilla y del propio Patronato de la Fundación.
Sin embargo, la entidad social nunca fue auditada, al menos por la misma empresa que hizo el informe de Mercasevilla, y según la Ley debe ser el propio Patronato el que "confeccionará las cuentas anuales, que comprenden el balance de la situación, la cuenta de resultados y la memoria (...), que deberán ofrecer una imagen fiel de la situación financiera". Las fundaciones sólo se someterán a auditorías en determinadas circunstancias, como que el volumen de negocio supere los dos millones o que tenga más de 30 empleados.
Además, se da la circunstancia de que las cuentas deben ser firmadas por el secretario y "el visto bueno del presidente" (en este caso, Gonzalo Crespo, que ayer no quiso hacer declaraciones). Además, el Protectorado de la Junta debe revisar el balance, circunstancia imprescindible para que la Fundación pueda obtener subvenciones, como ocurría en el caso de la Fundación Mercasevilla.
La auditora dice que la gestión de la empresa no le compete
La empresa Price Waterhouse, contra la que el informe de la comisión auditora arremete duramente por no alertar de las anomalías detectadas en Mercasevilla, recordó ayer que su único cometido fue auditar las cuentas de la empresa pública, pero no de la Fundación, en la que se ha detectado una deuda de 1,1 millones de euros. Fuentes de la empresa explicaron también que las irregularidades a las que hace alusión el informe (control de gastos por parte de los órganos directivos o el incumplimiento de la ley de contrato) son cuestiones administrativas que no le competen. La última auditoría señala que Mercasevilla terminó 2008 con un beneficio de 258 millones de euros, sin que en ningún momento se haga alusión a las cuentas de la Fundación, a la que sólo se alude como parte del programa social de la empresa.
Los dueños de La Raza aportan a la juez la tercera grabación
La juez que investiga la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla ya tiene en su poder la cinta que grabaron los empresarios de La Raza en la tercera entrevista con los directivos de la empresa, en la que solo se abordaron cuestiones técnicas de la Escuela de Hostelería que iba a gestionar La Raza.
La cinta fue entregada ayer el juzgado por José Ignacio de Rojas, que fue quien la grabó, y por Pedro Sánchez Cuerda, a quien se la requirió la juez de Instrucción durante su declaración, como testigo, el pasado día 24 de junio.
Dicha cinta, de unos 40 minutos de duración, contiene la tercera entrevista de los empresarios con representantes de Mercasevilla que se produjo el 12 de febrero, y en ella no hay referencia a ninguna petición de comisiones, según han asegurado los dos hosteleros.
