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La Fundación Mercasevilla pide 900.000 euros y 21 meses de suspensión para Rivas, Mellet y Ponce

el 02 mar 2011 / 13:54 h.

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La Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, que ejerce la  acusación popular en el supuesto intento de cobro de comisiones  ilegales en el mercado central de abastos de la capital hispalense,  ha solicitado el pago de una multa de 900.000 euros y la suspensión  de empleo o cargo público por tiempo de 21 meses para cada uno de los  cuatro acusados por estos hechos, como son el ex director general de  la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce,  el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas y María Regla  Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta fundación cuando  ocurrieron los hechos. De este modo, su petición de pena coincide  plenamente con la solicitada por la Fiscalía.

En su escrito de conclusiones provisionales elevado este miércoles  al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido  acceso Europa Press, el letrado de la Fundación, Alfonso Martínez del  Hoyo, relata que, en el contexto de las previas negociaciones y  acuerdos habidos desde el verano de 2007 entre responsables del Grupo  La Raza y Fernando Mellet para la creación y desarrollo "bajo posible  subvención" por parte de la Junta de una escuela de hostelería en  terrenos de Mercasevilla, se firmó el 18 de diciembre de 2008 un  protocolo entre el SAE, la Fundación Mercasevilla y La Raza.  

Añade que, a través de este protocolo, se acordó el futuro  desarrollo de acciones formativas en un centro de formación  permanente de hostelería que se ubicaría en terrenos del merca. Tras  ello, indica que el día 18 de noviembre de 2008 se produjo el dictado  de resolución mediante la cual el SAE acordó conceder a la Fundación  Socioasistencial Mercasevilla una subvención de carácter excepcional  por importe de 900.000 euros con destino al desarrollo de acciones  formativas en el referido centro, "que estaba previsto que en lo  sucesivo sería gestionado por" La Raza.  


Al hilo de ello, precisa que el día 16 de enero de 2009 Daniel  Ponce, "actuando en representación de la Fundación, en presencia de  Regla Pereira, y siguiendo para ello instrucciones de Fernando  Mellet, quien a su vez siguió según ha manifestado instrucciones" de  Antonio Rivas, "exigió" al representante del Grupo La Raza, Pedro  Sánchez Cuerda, "como condición para la efectiva aplicación del  importe de la subvención concedida, la entrega en dinero efectivo de  300.000 euros, suma que debería ser entregada en metálico, así como  la asunción del pago de la nueva acometida eléctrica al centro,  ascendente a 150.000 euros".

"COLABORACION" CON LA JUNTA

Añade que el día 27 de enero de 2009, Mellet y Ponce se reunieron  con Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio Rojas, representantes del  Grupo La Raza, "y volvieron a exigir dichas prestaciones dinerarias,  si bien, ante la postura reticente de éstos, llegaron a ofrecerles la  posibilidad de buscar fórmulas de justificación formal de los  desembolsos, encauzando los 300.000 euros bajo modalidad de donación  a la Fundación y el pago del coste de la acometida eléctrica al  amparo de una operación mercantil de endoso", todo ello "invocando la  pretendida necesidad de 'colaborar' con la Junta de Andalucía como  supuesta precondición para la definitiva viabilidad y efectividad de  la subvención concedida".  


En esta línea, asevera el abogado que lo hablado en el transcurso  de esta última reunión fue grabado por los empresarios "por  recomendación de un responsable de la Junta de Andalucía, al que  previamente comentaron la situación, siendo así que la grabación fue  entregada al mismo y que, tan pronto obró ésta en poder de la  Consejería de Empleo, fue formulada formal denuncia ante la Fiscalía  por parte de su viceconsejero", y agrega que los empresarios "no  entregaron cantidad alguna del dinero solicitado", mientras que la  subvención concedida "quedó inmediatamente en suspenso, no habiéndose  llegado a efectuar pago alguno correspondiente a la misma".

El abogado que representa a la Fundación Socioasistencial de  Mercasevilla entiende que los hechos descritos son constitutivos de  un delito de cohecho y responsabiliza del mismo a Rivas, Mellet,  Ponce y Pereira, para cada uno de los cuales solicita la pena de  multa de 900.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de  12 meses en caso de impago, y pena de suspensión de empleo o cargo  público por tiempo de 21 meses, así como el pago de las costas.

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