"El año 2006 lo recordaremos fundamentalmente por el nacimiento de la Fundación Mercasevilla que ha llenado de ilusión y expectativas esta unidad alimentaria". Las palabras son del ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, un año después de la creación de una institución, pilotada por Fernando Mellet, el principal imputado en el caso, que centra ahora buena parte de la investigación judicial y que es el enlace de los dos procesos abiertos por la juez instructora. En las grabaciones se pide supuestamente que parte de las comisiones se canalicen a través de esta institución; y en la operación de venta de Mercasevilla, prácticamente todos los implicados realizaron donaciones. En total, 257.000 euros.
La colaboración con la Fundación era tan habitual que en diciembre de 2005, Crespo lo detalló de esta forma en una sesión plenaria: "En la valoración de las ofertas se van a tener en cuenta aportaciones importantes como las obras del nuevo recinto o la colaboración con la Fundación Mercasevilla". Ésta quedó establecida como una cuota anual de 30.000 euros. Aunque finalmente se abonó mediante dos pagos de 96.000 y 150.000 euros. También el imputado José Antonio Ripollés realizó donaciones de casi 10.000 euros en ropa y 3.000 desde la consultoría Forcadell Rigal; un representante de Mapfre aportó 10.000 euros y el estudio López Bermudez, que recibió unos trabajos por 175.000 euros abonó 3.000 a esta institución.
Entre 2006 y 2008 recibió casi 600.000 euros en donaciones y generó, según la auditoría llevada a cabo por Deloitte, a instancias del Consejo de Administración de la empresa, una vez que se conocieron las primeras irregularidades, un agujero de 1,1 millones de euros, que ha desembocado en el cierre de esta institución en la que trabajaban una treintena de trabajadores. El listado de empresas colaboradoras es enorme. Y público. En las distintas publicaciones de la empresa se enumeran las empresas colaboradoras, cuyos expedientes están ahora todos en manos del juzgado: Sanma, los Mayoristas de Pescado, La Raza -la entidad denunciante colaboró con la fundación antes de las grabaciones-; la empresa de transportes Transherman o el estudio Urbanismo y Arquitectura.
Según los datos de esta auditoría, entre 2007 y 2009 la fundación realizó gastos por un importe de 620.874 por distintos servicios exteriores. De estos, se analizaron en una primera estimación 416.769, casi dos terceras partes. En todas las partidas analizadas se detectó algún tipo de irregularidad. En todas fallaron los controles y se detectaron errores en los soportes de los pagos. Desde la fundación se realizaron, por ejemplo, transferencias por un importe de 57.156 euros sin que pasen por la dirección general. El año con más gastos fue 2008. 357.617 euros abonados sin los adecuados soportes o sin la autorización de la dirección general. Ese mismo año se realizaron inversiones por un importe de 46.411 euros, todas ellas con distintas irregularidades.
No había límites: "En el caso de la fundación no se ha establecido ninguna restricción o límite cuantitativo en los pagos a realizar, pese a que los mismos deben ser comunicados al Patronato de la propia fundación. De este mismo organismo salieron partidas como la de 6.000 euros destinada a una conferencia del Foro Jurídico, que cuenta con otra partida de 7.629 euros por el mismo concepto en las cuentas de Mercasevilla; o los 9.300 euros abonados en concepto de beca de estudio a Carmen Vela Maldonado, que tenía asignados inicialmente 24.000 euros. La joven es familiar del presidente de la asociación de mayoristas de pescados.
En la práctica no había restricciones tampoco en Mercasevilla, aunque entre los poderes concedidos al director gerente figuraba que debía de pasar por la ejecutiva o el consejo de administración los pagos superiores a 30.000 euros y los gastos que rebasasen los 60.000. No era así, no había mecanismos de control ni en el consejo de administración ni en el Patronato responsable de la gestión de la fundación.
Se hallaron irregularidades en las dos modalidades de pagos. No tenían control. Por un lado, los cheques: "Los pliegos no se encuentran debidamente custodiados, ya que están al alcance de todos los miembros del departamente; no existe un registro de los mismos; ni se guardan aquellos que se consideran nulos; además personas con capacidad de firma tienen funciones que suponen el acceso a la contabilidad, la realización de compras o la aprobnación de nóminas". Por otro, las transferencias: "Aunque las personas que realizan transferencias electrónicas de fondos están autorizadas por la dirección y es la propia dirección la que dispone de una de las dos claves de la firma electrónica, aduciendo razones operativas en la práctica dichas claves son accesibles por varias personas ajenas a la dirección sin que exista tampoco constancia documental de una ratificación posterior".
Al margen de las irregularidades, el proceso judicial debe determinar algo que ya apuntó en su primer auto tras la invesitgación de la Fiscalía, la juez instructora: "Se halla en investigación el destino y el destinatario final del dinero exigido".
