La Generalitat de Cataluña retrasará el pago a sus proveedores y hasta un máximo del 20% de la paga extra de Navidad a los funcionarios para frenar las tensiones de tesorería de final de año, que achacan al impago por parte del Gobierno de los 759 millones de euros correspondientes a la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut correspondiente a 2008.
El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha sostenido en rueda de prensa que el "golpe dramático" de no percibir estos ingresos obliga a medidas extraordinarias y a aplazar y dilatar algunos pagos.
Aunque ha subrayado que la medida no es definitiva y podría evitarse si mejora la situación financiera o se cobra esa partida, el Gobierno catalán avanza así su intención de aplazar algunos pagos a proveedores y postergar el pago de un máximo del 20% de la paga extra que debían cobrar los funcionarios catalanes en diciembre.
El Ejecutivo catalán asegura que los trabajadores públicos cobrarán la mensualidad ordinaria de diciembre el 21 de este mes, mientras que deberán esperar al 28 para cobrar un mínimo del 80% de la paga extra: el ahorro temporal que supone esta medida oscilará entre los 100 y 200 millones de euros.
Mas-Colell ha remarcado que la imposibilidad de la Generalitat para acceder a los mercados en busca de crédito agrava los efectos del impago de los 759 millones, por lo que ha ceñido a este contexto la necesidad de "medidas extraordinarias de excepción".
En el caso de los proveedores, ha rehusado concretar el atraso en los pagos ni el dinero que esta decisión ahorrará momentáneamente a las arcas de la Generalitat, y ha abogado por analizar "caso por caso" dentro de las posibilidades.
"AVERGONZAR AL GOBIERNO QUE HUYE"
Como ya avanzó este martes el secretario general de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, el Gobierno de CiU ha insistido en que no se quedará de brazos cruzados y recurrirá a los tribunales si es necesario para cobrar esta cantidad: "Haremos todo lo posible para avergonzar al Gobierno que huye", según Mas-Colell.
El primer paso ha sido registrar este jueves un requerimiento al Ejecutivo para que abone antes de un mes los 759 millones, por lo que, si el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero no paga en los próximos días, será ya el presidente Mariano Rajoy quien lidie con esta deuda para evitar que la Generalitat recurra a la vía judicial.
"Enviar hoy el requerimiento es una forma de que el próximo Gobierno se lo encuentre sobre la mesa", ha reconocido el consejero, que confía en que el próximo Ejecutivo central sea honorable y pague sin recurrir a los argumentos pobres y excusas de mal pagador que, según ha dicho, ha utilizado el socialista.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Si en un mes el Gobierno no ha respondido al requerimiento presentado por el Gobierno que preside Artur Mas, la Generalitat presentará un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo e informará a las instancias relevantes, elevando incluso su protesta a las instituciones europeas.
"Este gobierno no puede pensar que puede intentar ganar prestigio a costa nuestra sin que reaccionemos", ha avisado Mas-Colell, que ha vinculado el impago de los 759 millones a una estrategia premeditada del Ejecutivo para intentar desplazar el déficit a las comunidades.
Mas-Colell ha rechazado también que este impago responda a que el Gobierno catalán desatendiera su obligación de reclamar la firma de convenios tal y como le afea el PP catalán, y ha mostrado algunas de las cartas que cruzó con el Ejecutivo central reclamando concretar estos convenios.
