El cambio del modelo de gestión del servicio de grúa de la ciudad, que puede derivar en su privatización, se produce dos años después de que el Tribunal Supremo ratificase una sentencia previamente emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba "ilícito" el modo de adjudicación del servicio de retirada de vehículos. Éste, tras ser rescatado por parte del Ayuntamiento en 2004, fue derivado a Tussam para que se gestionase de modo público y la empresa municipal de transportes optó por transferirla a Aussa -una sociedad participada mayoritariamente por el Consistorio pero con participación de capital privado-. Desde entonces, Tussam, en una situación próxima a la quiebra, ingresa más de dos millones de euros al año por la retirada de vehículos, una cifra que IU propuso aumentar para mejorar las cuentas de la empresa de autobuses. Sin embargo, la línea de actuación pasa ahora por sacar a concurso público la gestión y abrir, por tanto, las puertas a una gestión privada.
Esta situación se produce ante la inminente finalización del contrato que Aussa y Tussam firmaron en 2004 por un plazo de siete años. Pero tras ella hay un proceso judicial que ha dejado en entredicho todo el servicio de grúa y que el Ayuntamiento arrastra desde hace casi cuatro años. Fue en 2006 cuando la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió una sentencia ante una denuncia presentada por uno de los trabajadores del servicio de grúa que advertía de que sus condiciones laborales habían empeorado al pasar su contrato del sector privado a Aussa y no subrogarse en igualdad de condiciones. El Juzgado no sólo dio la razón a este empleado, sino que puso en entredicho todo el proceso: "Lo único que quedaría por resolver es si el acuerdo por el que la empresa municipal acuerda transferir el servicio a Aussa es o no lícito. La respuesta no puede ser otra que la última pues tal actuación se excedía manifiestamente del título que habilitaba a Tussam para realizar o llevar a cabo el servicio de grúa, que no era otro que un acuerdo plenario que no autorizaba a Tussam a transferir el servicio a un tercero, como es Aussa".
El comité de empresa ha esgrimido en repetidas ocasiones esta sentencia en el marco del conflicto laboral que le enfrenta desde hace meses a Aussa: "Estamos muy descontentos con ellos. Nuestras relaciones son muy complicadas, no desde ahora, sino desde el principio del contrato", explica el presidente del comité de empresa, José Carlos Ortiz. El representante sindical hacía así referencia a conflictos como el surgido el año pasado cuando el Ayuntamiento inició los trámites para poner en marcha la recogida telemática de vehículos, una iniciativa que aún sigue sin poder aplicarse. Al rechazo de los trabajadores de Aussa se suma el malestar del sindicato mayoritario de policía, Sppme, con la gestión de Aussa.
Ayer no veían con malos ojos el inicio de un concurso público y posible regreso a un sistema de gestión privada como el que existía hasta 2004: "En principio no tenemos ningún problema de que la gestión se haga de esa manera. No tuvimos problemas mientras esto funcionó a través de una adjudicación. Sí es muy importante que se realice un proceso adecuado de subrogación de los contratos de los trabajadores, no como ocurrió la última vez".
Mañana viernes, el Gobierno local sólo dará el primer paso, pero aún deben redactarse los pliegos y determinar si Aussa se presenta o no a la convocatoria. Pero antes, las delegaciones de Convivencia y Movilidad deberán resolver otro escollo: IU no conocía la medida que se debatirá en el próximo Pleno. Hoy pedirá a los socialistas que se la expliquen, pero su postura en líneas generales es clara: servicios públicos, y no privados.
