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La grúa irá en busca de coches mal aparcados

CSI-CSIF anuncia su recurso al sistema telemática.

el 27 ene 2010 / 20:44 h.

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Subir una rueda en la acera, estar en doble fila, aparcar en carga y descarga, en una zona de obra o una parada de transporte público. Estos son algunos de los 18 supuestos en los que a partir de ahora los operarios de la grúa podrán retirar un vehículo de la calle con la única autorización de una fotografía avalada por vía telemática por una unidad especializada de la Policía.

La nueva ordenanza, que se aprueba mañana en el Pleno, delimita todos los casos en los que un vehículo puede ser trasladado al depósito  al considerarse que se trata de un grave obstáculo a la circulación.

Sobre el papel el Ayuntamiento no endurece las causas por las que se puede retirar un vehículo, pero en la práctica se refuerzan los mecanismos para retirar los coches y hallar infracciones, especialmente en el caso de los operarios de la grúa que incorporan, sin ser dotados del carácter de agentes de la autoridad, una batería de nuevas funciones.

Entre ellas, ir en busca de los coches: "El personal del servicio de retirada de vehículos de la vía pública deberá poner en conocimiento de la Policía Local a través del servicio telemático las infracciones de estacionamiento para proceder a la inmovilización o retirada del vehículo, que requerirá en todo caso la orden expresa de un agente de Policía". Los operarios de la grúa deberán además colaborar en la inmovilización de vehículos cuando así lo solicite la Policía.

En el caso de la zona azul, las inspecciones las llevarán a cabo los propios controladores, que tendrán entre sus competencias la de avisar inmediatamente a la grúa en caso de que haya un vehículo sin el ticket o que haya "triplicado" -en esto se flexibiliza la norma puesto que hasta ahora era el doble- el tiempo de abonado de estancia. En ese caso, la grúa enviaría la foto y la Policía Local desde la unidad autorizaría la retirada del vehículo.

El Ayuntamiento se ha encontrado en este proceso, que ya presentó el año pasado y tuvo que dejar congelado, con el rechazo de todos los sindicatos, que preparan ya recursos y movilizaciones contra esta normativa que se aprueba en el Pleno de mañana.

Ayer fue CSI-CSIF quien anunció su intención de impugnar esta normativa: "Esto nos obligaría a presentar denuncias voluntarias pese a que no somos funcionarios públicos y no tenemos presunción de veracidad en nuestras denuncias, lo que nos dejaría en una situación de absoluta indefensión. Además, ante un juez la responsabilidad será de los empleados". 

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