Los más de 3.200 folios del sumario por las supuestas facturas falsas de UGT Andalucía siguen revelando una realidad escondida tras las subvenciones a la formación. «Graves irregularidades» en la gestión de estos fondos cometidas, a juicio de la Guardia Civil, « por los responsables de la Administración que han venido concediendo estas subvenciones públicas», ya que «no habrían guardado los cuidados necesarios en cuanto a la homologación, control y justificación». Así,lo recogen en uno de sus oficios en los que también hacen alusión a un sistema que «propició la proliferación de empresas dedicadas a impartir acciones formativas», después de que un cambio de legislación permitiese a las entidades a las que se les concedía los fondos subrogar los cursos y percibir por ello «el 20%» de las subvenciones.
La investigación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Juan José García Vélez, se centra en las facturas falsas e irregularidades puestas en marcha para lograr «financiarse» con los fondos para la formación. Sin embargo, en el sumario, al que tuvo acceso este periódico, deja clara dos cosas. Por un lado, que no sólo se persigue a los responsables del sindicato, sino que se apunta a la «posible responsabilidad» de los gestores públicos encargados de otorgar estas subvenciones que, en concreto, era la Consejería de Empleo y la Delegación Provincial. Entre las muchas pesquisas que los investigadores han llevado a cabo está la toma de declaración al responsable del Departamento de Gestión de Formación Ocupacional en Sevilla, que fue quien puso en conocimiento de la Guardia Civil gran parte de las irregularidades, de las que dice que «serían responsables todos sus superiores jerárquicos, sin excepción».
Este funcionario habla de adjudicaciones «arbitrarias a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE en Andalucía, así como de la propia Junta de Andalucía», según recoge la Guardia Civil. Es más, los hechos que él describe se cometieron en fechas en las que los que ocupaban los cargos en Empleo «coincide con los que están imputados en los ERE y los delitos son de la misma naturaleza». De ahí que los agentes pusieran en conocimiento de la jueza Mercedes Alaya este testimonio, ya que era ella quien tenía diligencias abiertas contra ex altos cargos de Empleo como el exconsejero Antonio Fernández, el ex director general Francisco Javier Guerrero o el ex delegado de Empleo Antonio Rivas.
«Agentes sociales». Pero estos hechos, a juicio de los investigadores, no eran aislados de un sindicato, sino que la investigación se extiende a otros «agentes sociales» que también organizaban cursos de formación. «Se trata de determinar la responsabilidad de los hechos investigados y reconstruir el modus operandi utilizado para la supuesta malversación de caudales públicos que se investiga en el presente procedimiento, no solo por parte de UGT-A, sino también por otras organizaciones o entidades, sindicales o de otra índole, que hubiesen sido también receptores de subvenciones procedentes de la Administración andaluza para ser destinadas al desarrollo de actividades formativas».
De hecho, los agentes nombran en sus atestados a entidades como «la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)» y a CCOO. Tanto de este sindicato como de UGT-A la Guardia Civil ha solicitado que le sean entregadas «las operaciones con terceros y declaraciones de IVA desde 1999». Asimismo, las pesquisas se están centrando en las subvenciones que fueron «otorgadas por la Dirección General de Trabajo desde 2008 a 2011».
Los agentes tratan así de desmarañar una estructura que, en el caso de UGT, llegó a generar hasta dos contabilidades y una red de empresas con las que justificar el desvío de fondos, destinado en parte a «sobresueldos» y «gastos ordinarios».
