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La Guardia Civil apunta que Merca y Sando acordaron las condiciones de la venta del suelo

La Benemérita cree que se produjeron reuniones entre las direcciones de ambas "hasta llegar a un acuerdo en las cláusulas" de la venta.

el 14 jun 2013 / 17:48 h.

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Juan Vicente Báñez, uno de los hermanos de la ministra Báñez imputados por la venta de suelos de Mercasevilla. Juan Vicente Báñez, uno de los hermanos de la ministra Báñez imputados por la venta de suelos de Mercasevilla. La jueza Mercedes Alaya, que investiga presuntas irregularidades en el concurso público para la venta de suelos de Mercasevilla adjudicados a Sando, ha entregado hoy a las partes personadas en la causa la ampliación de un informe de la Guardia Civil que apunta a que la dirección de la lonja y de la constructora acordaron de antemano las cláusulas del pliego de condiciones para la venta de los terrenos. Los empresarios que pujaron en el concurso, y que Alaya cree que presentaron ofertas “de relleno”, están declarando hoy como imputados ante la magistrada. Las conclusiones del informe de la Guardia Civil, firmado el 23 de mayo pero que la jueza ha facilitado hoy a los abogados de los imputados –lo que motivó que éstos pidieron la suspensión de las declaraciones, a lo que Alaya se negó tras darles una hora para que se leyeran la documentación-, señalan que entre Mercasevilla y Sando “han existido contactos previos a la convocatoria del concurso” para la venta de los terrenos y que se produjeron reuniones tanto entre las direcciones como entre sus abogados “hasta llegar a un acuerdo entre ambas sociedades en las cláusulas y condiciones establecidas en dichos acuerdos”. El Instituto Armado se basa para ello en correos electrónicos en el que Sando envió a Mercasevilla “un formato de pliego de condiciones” en el que el punto más valorado era poseer la titularidad de los derechos de superficie en el sector. Antes del concurso, Sanma –la filial inmobiliaria de Sando que resultó adjudicataria- adquirió estos derechos a la empresa Lareda 98, anterior propietaria de los derechos en superficie sobre los terrenos. Pese a que existían otras empresas con titularidad de derechos en superficie del sector, entre las que el informe cita a “Dole, El Corte Inglés, Hipercor y El Pozo”, la única que cumplía el requisito más valorado en el curso y que presentó una oferta fue Sanma. “Parece claro que el contrato de cesión de uso es más una contraprestación económica de la operación que el propio objetivo de la misma, toda vez que se regulan compensaciones económicas por hipotéticos traslados” de la lonja para la urbanización de los terrenos. La Guardia Civil considera una circunstancia “cuanto menos extraña” que pese a que Sando acordó con Merca pagar a Lareda 900.000 euros por la subrogación de los derechos en superficie de los terrenos y otros 180.000 restantes irían a cuenta del precio final de la venta de los derechos, finalmente pagó 1.080.000 euros “pese al riesgo de que no resulte adjudicataria” del concurso para la compra del total del suelo. Además llama la atención sobre el hecho de que Mercasevilla encargase “apresuradamente, a falta de dos días para que acabara el plazo de presentación de ofertas” para la compra de los suelos un informe a la Universidad de Sevilla para fijar “las tablas de ponderación” de las ofertas que llegasen. Además de poseer la titularidad de los derechos en superficie, valorado con 40 puntos, uno de los criterios para baremar las ofertas era la cuantía de ésta, siendo el precio mínimo fijado en el pliego de 105 millones. Sando ofertó 107 y resultó adjudicataria pese a que otra de las concurrentes, Noga, ofreció 50 millones más. La Guardia Civil llama la atención sobre el hecho de que otras tres empresas que concurrieron al concurso –Azucareras Larios, Prasa y Construcciones Juan de Robles- ofrecieran exactamente el precio mínimo y considera que “carece de toda lógica” que su oferta recibiera en este apartado 15,96 puntos sobre los 20 máximos otorgados por este criterio. Los responsables de estas tres empresas –la última es propiedad de la familia de la ministra de Empleo Fátima Báñez- están declarando hoy ante la jueza Alaya.

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