UGT montó un chiringuito financiero con Pastrana y Fernández «al tanto»

El sindicato creó «ex profeso» una estructura empresarial para justificar los fondos, con los que pagaba «100% de los gastos» de funcionamiento. La organización desviaba el dinero público con tres fórmulas que fue perfeccionando: pólizas de seguros, el «bote», y el «rapel» con los proovedores

el 17 jul 2014 / 20:42 h.

PRESENTACIÓN CONGRESO UGT Rocío Velis / Isabel Morillo La investigación de la Guardia Civil sobre las facturas falsas de UGT-A ha desvelado un entramado en la contabilidad del sindicato para desviar subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación con las que se ha venido financiando. Un tinglado que toda la cúpula, con su histórico secretario general Manuel Pastrana a la cabeza, «conocía». La organización, según los investigadores, creó hasta tres fórmulas con las que desviar el dinero, que luego justificaba a través de una «estructura empresarial creada ex profeso» y que servían para afrontar «el 100 por cien» de sus gastos. Estas son las conclusiones a las que llega la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) conocidas ayer tras levantarse el secreto de sumario, al que tuvo acceso este periódico. La investigación, dirigida por el juez Juan José García Vélez, destaca que el sindicato ideó «un artificio» con el que las subvenciones se desviaban a sus «actividades regulares». Esto, según un extrabajador de Contabilidad, permitía que «el 100 por cien de los gastos de estructura, y casi el 100 por ciento de los gastos de personal quedarían cargados a distintos programas». Para ellos empleaba el «rapel», descuentos por las compras  que los proveedores les ingresaban «periódicamente» a espaldas de la Junta, a la que le pasaban la factura íntegra. En definitiva, «un sistema para ingresar fondos por gastos realmente no realizados», dice la UCO. Pastrana y su sucesor Francisco Fernández «estaban al tanto»  de todo. Así lo afirman el extesorero Federico Fresneda, uno de los detenidos en la operación Cirene II, quien explica que «el rapel obtenido se ponía en conocimiento de la comisión ejecutiva, del consejo regional y el comité regional». Lo mismo señala la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín y la exresponsable de Compras y Lola Sánchez, también detenidas; y el que fuera secretario de Formación y Cultura Germán Damián Domínguez. Este último declaró como testigo y dijo que Fresneda «retenía el 20 por ciento de todas las subvenciones» con la excusa de que era para «afrontar gastos de personal o de mantenimiento». Era el denominado «canon revolucionario, conocido por toda la ejecutiva». De hecho, el propio Fresneda reconoce que «a la factura se hacía el descuento rapel», pues «cuando UGT lo recibía del proveedor ya se había justificado con la factura la subvención a la que correspondía». Unas comisiones que oscilaban entre «el tres por ciento y el 15 por ciento», según la Guardia Civil. Lo que Fresneda negó es la existencia del llamado «bote», saldo a favor de UGT con los proveedores por haber pagado servicios no existentes, aunque Charpín aseguró que «lo conocían Fresneda, Fernández y Pastrana». Para su gestión hasta crearon una aplicación informática, Spyro, para cuya instauración recibieron 1,2 millones en subvenciones, y que servía para «encajar ambas realidades», explica un contable de UGT. «El volumen que alcanzó esta práctica fue tal que escandalizaba a todo el mundo» y «hasta los propios trabajadores comentaban que no podía continuar y que iba a explotar», añade. De hecho, el sindicato no sólo contaba con un departamento de Contabilidad, sino que «se creó» uno de Justificación, «que era el que preparaba los documentos que se entregaban a la Junta». El sindicato también creó una «estructura empresarial ex profeso» para el desvío de fondos, formado por Soralpe, que servía para contratar a personal que realmente trabajaba para el sindicato; Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo. Todas ellas estaban dirigidas por Fresneda y Fernández, entre otros. Por último, para lograr más fondos UGT contrataba siempre los seguros obligatorios de los cursos con ASP, «parece ser propiedad de UGT», y así «la póliza suscrita se cargaba al proyecto como gasto subvencionable», aunque luego la entidad «siempre devolvía el 50 por ciento de la póliza a UGT» y otro porcentaje más si vencía sin incidentes.

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