La Guardia Civil respondió ayer de forma contundente a las duras críticas de la Junta hacia el último informe que los agentes realizaron del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo ilegales pagados con dinero público. El documento concluye que el Gobierno andaluz conocía las irregularidades y las tapó. La asociación mayoritaria de la Benemérita dejó claro que "no trabaja al servicio de ningún partido" y exigió "respeto" y el fin de las "presiones políticas". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tildó de "lamentable y mezquina" la actitud de la Junta de "cuestionar la independencia y el rigor de la Guardia Civil". El PSOE andaluz se alineó con la estrategia del Ejecutivo autonómico y cargó contra un informe "con más conjeturas de las deseables" que, en su opinión, "no se atiene a la realidad".
El último y denso documento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el caso ERE -encargado por la jueza Mercedes Alaya- ha avivado la investigación del mayor caso de corrupción que ha salpicado al Gobierno andaluz. El sábado, un día después de que trascendiera el informe, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, consideró que la Benemérita acusa a la Junta mediante "suposiciones, sin pruebas", y calificó la instrucción judicial de "causa general" y "proceso inquisitorial". La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) censuró las palabras de la consejera. A través de un comunicado, la asociación mayoritaria del Instituto Armado recordó a los que "han intentando echar por tierra esta investigación", que los informes los solicitan los juzgados. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no están para servir a ningún partido político, sino para servir a la sociedad con profesionalidad y con las normas que marca el Estado de Derecho", reivindicó la AUGC en su nota. Exigió "respeto para un trabajo que se hace desde la honradez y que debe ser realizado sin trabas ni presiones políticas".
También el ministro del Interior reprobó a la Junta su reacción. "La Guardia Civil es un cuerpo con naturaleza militar, tiene una disciplina y un respeto a la ley que cuestionarlo es intolerable. Ninguna institución debería caer en la tentación lamentable y mezquina de cuestionar la independencia y el rigor de la Guardia Civil", sentenció Fernández Díaz. La "independencia" de este cuerpo se demuestra en que ni él mismo conocía el contenido del informe hasta que se divulgó, según aseguró. Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, hizo hincapié en que la Benemérita "no trabaja bajo directrices de nadie".
Sin embargo, la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, abundó ayer en la tesis del Gobierno andaluz y, además, arremetió contra el PP por "utilizar ese informe para "sacar tajada política y erosionar" al presidente andaluz, José Antonio Griñán. Torres opinó que el documento de la Guardia Civil "no dice nada nuevo" y se basa en "conjeturas" y justificó las declaraciones de la consejera de la Presidencia en que las conclusiones "no se atienen a la verdad". Quiso dejar claro que los socialistas respetan el trabajo de la Guardia Civil, pero están en "desacuerdo" con el contenido de ese atestado. Apuntó que a los agentes no les corresponde dictar sentencia, sino dejar que el proceso judicial "siga su curso con normalidad, sin tratar de aplazarlo, adelantarlo o "manipularlo".
Sobre la comisión de investigación del caso ERE que el Parlamento prevé aprobar el próximo pleno, Torres dio a entender que su partido no impedirá las comparecencias de la cúpula del Gobierno andaluz y de expresidentes o exconsejeros. "Apostamos por la mayor transparencia. De nada sirve poner puertas al campo", dijo, tras admitir que "esto no es plato de gusto".
Denuncia del PP. Mientras, el PP sigue destapando supuestas irregularidades en las ayudas sociolaborales. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, denunció en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno, en su sesión del 9 de noviembre de 1999 y presidido por el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, otorgó un préstamo a la empresa Hijos de Andrés Molina "antes de que se le concediese una subvención". Advirtió además de que el Gobierno andaluz ha destinado 7,1 millones de euros en seis años a través de distintos convenios firmados entre 1999 y 2004, a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina, pese a la existencia de un "informe de disconformidad" emitido por el interventor delegado de la Junta, Joaquín Alegre, el 15 de diciembre de 2000.
Según el dirigente popular, esta información se desgrana de la última documentación que la Junta ha enviado a Alaya después de que la jueza hubiera requerido al Gobierno andaluz "en varias ocasiones" más documentación sobre las ayudas a esta empresa.
