La Operación Heracles desplegada por la Guardia Civil, con 22 detenidos y 13 registros en siete provincias, permite a la Benemérita calcular en al menos 50 millones de euros el dinero público defraudado en la tramitación de los ERE subvencionados por la Junta entre sobrecomisiones a mediadoras, aseguradoras, bufetes y conseguidores con los que la Consejería de Empleo contrataba las pólizas de los trabajadores prejubilados. Entre esos conseguidores desempeñó un papel clave el exsindicalista Juan Lanzas, ya imputado en la causa y que ayer estaba citado de nuevo a declarar ante la jueza Mercedes Alaya. Previamente interrogó durante siete horas al exdirectivo de una de las principales aseguradoras, Vitalia, Antonio Albarracín, para el que el fiscal pidió prisión porque durante su etapa en la empresa generó mucho patrimonio. La Benemérita considera que esta operación, que sigue abierta sin que se descarten nuevas detenciones y que forma parte de la investigación de una parte del sumario iniciada en noviembre y aún bajo secreto de sumario, supone un paso importante para identificar a los últimos beneficiarios y responsables de este presunto fraude de fondos públicos así como las motivaciones que propiciaron el mantenimiento en el tiempo del sistema irregular implantado por la Junta. Mediante la firma en 2001 de un convenio entre la Agencia IDEA (antes IFA) y la Consejería de Empleo, se concedían subvenciones a empresas en crisis sin pasar los controles reglamentarios, un sistema que la Junta modificó en 2011 tras estallar el caso ERE, pese a que la Intervención alertó reiteradamente de su irregularidad. La Guardia Civil cree que existe una trama criminal integrada por diferentes personas físicas y jurídicas asociadas a los procesos fraudulentos de reestructuración de las plantillas de determinadas empresas y ve tras su actividad presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad de documentos. La investigación ha permitido describir el flujo irregular de dinero que seguían determinados fondos procedentes de la Junta. El circuito alcanzaba a todos los que daban cobertura y hacían posible la salida de esos fondos públicos, lo cual se conseguía mediante diversos entramados de empresas instrumentalizadas para tal fin, según la UCO. La Guardia Civil deja claro que prevé un aumento significativo del montante del fraude a medida que se analice la documentación incautada en los 13 registros realizados el miércoles en despachos de abogados y consultoras y en domicilios, en los que también se ha incautado material informático y 82.000 euros en metálico fraccionados en sobres, la mayoría en una de las casas de Juan Lanzas en Jaén escondido en la maleta de una máquina de escribir. Este registro de la Guardia Civil, en el que fue fundamental un perro pastor alemán llamado Aris, fue difundido ayer en un vídeo. Un informe de la Cámara de Cuentas cifró en 68 millones las comisiones cobradas entre 2001 y 2010 solo por las aseguradoras Vitalia y Uniter. En ese periodo gestionaba las ayudas el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, cuyo abogado recurrirá la prisión decretada el miércoles por Alaya por segunda vez en un año. Además de las detenciones y registros, en la Operación Heracles la Guardia Civil también entregó a nueve imputados anteriores del caso ERE la citación para declarar ante la jueza Alaya, cuyos exhaustivos interrogatorios en presencia tan solo del fiscal Anticorrupción al estar esta parte bajo secreto de sumario provocaron tal retraso en las declaraciones que ayer pasó casi todo el día con el exdirectivo de Vitalia, citado inicialmente el miércoles y que estuvo siete horas ante Alaya. Albarracín, como ya hiciera el miércoles por la noche el representante de Vitalia en Andalucía Jesús Bordallo que quedó libre tras declarar durante cinco horas con la obligación de presentarse en los juzgados cada 15 días y la retirada del pasaporte negó tener poderes decisorios en la aseguradora ni capacidad para firmar contratos o negociar comisiones raras ni nada de eso, según su abogado, Francisco Rubiales. Aportó documentación según la cual desde 1995 a 2011 Albarracín cuya esposa es una de las detenidas en la Operación Heracles estuvo contratado como asesor jurídico por la aseguradora sin ninguna relación con la Junta y trabajaba en Madrid a las órdenes de la dirección de Vitalia en Barcelona, donde hay nueve detenidos. Rubiales criticó que se ha metido en el mismo saco de las imputaciones a todo el que por activa o por pasiva aparecía su nombre en esta historia, que definió como un enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía que es donde nosotros ubicamos única y exclusivamente la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo, en los cargos públicos de la Junta que no se preocuparon de filtrar y observar que las condiciones de los ERE y de las pólizas eran las más correctas. Albarracín fue apuntado por Juan Francisco Algarín, actualmente en prisión como presunto testaferro de Juan Lanzas, como una de las personas de las que recogía sobres con dinero. La jueza y el fiscal sí creyeron que Jesús Bordallo no ejerció funciones directivas en Vitalia, ya que según explicó ayer al acudir al juzgado para entregar el pasaporte el fiscal Anticorrupción no solicitó prisión preventiva y la jueza decretó su libertad. Según Bordallo, su papel en la aseguradora, donde también trabajó desde 1995 a 2011 cuando la empresa cerró, era de consultor laboral bajo las órdenes de la dirección de la empresa. Pese a la prolongación de los interrogatorios, Alaya mantuvo anoche las declaraciones de Juan Lanzas y el exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce que al cierre de esta edición tenían previsto no responder, mientras que hoy ha citado a la mujer de Lanzas y el chófer de Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, además de la veintena de detenidos.
