Un informe demoledor. La Guardia Civil ha remitido al juzgado que investiga las irregularidades en la desaparecida Fundación DeSevilla, dedicada a proyectos de cooperación, una ampliación de su atestado en el que concluye que sólo una mínima parte de las subvenciones que recibió, y que no justificó, fueron destinadas al fin para el que se otorgaron. Los agentes, además, creen que la entidad fue creada por IU como herramienta para desviar dinero y alejarlo de los controles de la fiscalización, recordando que la cifra que gravitaba en torno al partido era de seis millones de euros. Asimismo, insisten en que el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, y el resto de patronos son responsables de las irregularidades.
Torrijos sale de los juzgados tras declarar ante el juez de Instrucción número 16 como imputado. / J. M. PAISANO (ATESE)
En un informe, de 117 folios, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) analizan las cuentas de la entidad antes y después de recibir dos subvenciones por valor de 742.500 euros y de 534.000 euros y llegan a la conclusión que solo una mínima parte fue destinada para los fines que se había concedido. De hecho, estas subvenciones nunca fueron justificadas por la entidad, una cuestión por la que fue interrogado Torrijos, que está imputado por esta causa.
La Guardia Civil ya puso de manifiesto en una ampliación anterior que podrían existir responsabilidades penales por parte de los patronos de la fundación que ejercieron ese cargo durante los años 2008, 2009, 2010 y parte del 2011. En esas fechas actuaban como tal el exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, en representación del Ayuntamiento, y varios concejales del PSOE, como Emilio Carrillo o Alfonso Mir.
En esta tercera ampliación, que ya está en manos del juez de Instrucción número 16 de Sevilla, explica que DeSevilla se financiaba prácticamente en su totalidad con dinero público, aflorando durante la investigación subvenciones de Urbanismo y de la Junta que no habían sido reseñadas hasta el momento, como una partida de 887.000 euros destinada por la Gerencia de Urbanismo para transferencias corrientes.
Asimismo, critica que la gestión patrimonial de DeSevilla fue extremadamente deficiente, lo cual no fue causado por falta de medios humanos o materiales, ni tampoco por ausencia de pericia profesional de las personas encargadas de su gestión. A esto añaden que detrás de la gestión contable de la fundación tan difícil de verificar, lo que había era una estrategia para dificultar a cualquier observador externo la aplicación y destino que se le daba al dinero que recibía la fundación, una dificultad que se veía acentuada desde el momento que todas y cada una de las delegaciones del Ayuntamiento que tramitaban los expedientes de subvención estaban en absoluta consonancia política con las personas que gestionaban la fundación.
De este modo, la fundación se constituyó en la herramienta fundamental para esos desvíos de dinero, porque una vez era receptora de las partidas dimanantes del Ayuntamiento u otras instituciones, estaba fuera de la fiscalización directa, siendo los gestores y por consiguiente administradores del dinero que recibía ese colectivo, el cual gravitaba en torno a un determinado partido político, en el caso que nos ocupa IU, no olvidando que las cantidades que se manejaban superaban los 6 millones.
Sobre Torrijos, los agentes señalan que no puede negar que estaba al tanto de todo, incluso manteniendo reuniones con el interventor donde trataba los problemas que surgían con el pago de las subvenciones y siendo protagonista, de una forma u otra, en los tres lugares --Patronato, Delegación de Relaciones Institucionales y Junta de Gobierno Local-- donde se decidían subvenciones para la fundación.
Además de Torrijos en la causa están imputados Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y el exdirector gerente de la fundación Miguel López Adán.
