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La Guardia Civil cree que el Gobierno de Griñán tapó el fraude de los ERE

el 01 jun 2012 / 17:04 h.

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Griñán, Recio y Mar Moreno en una imagen de archivo.
Un minucioso informe de más de 300 folios cerrado por la Guardia Civil el pasado 29 de mayo ha dado nuevos bríos al caso de los ERE , una supuesta trama fraudulenta tejida en la Consejería de Empleo con ayudas públicas. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica concluye que bajo el mandato de José Antonio Griñán, con el exconsejero Manuel Recio al frente de Empleo y con Daniel Rivera como director general de Trabajo, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación". Si bien "no se destruyó información", como denunció el PP. El informe señala además que Rivera, imputado desde enero, permitió que "se siguiera pagando y por tanto dando continuidad a decisiones ilegales y arbitrarias de (Javier) Guerrero", uno de sus antecesores y que permanece en prisión desde el pasado 10 de marzo.

La jueza del caso, Mercedes Alaya, dictó un auto suspendiendo todas las declaraciones pendientes a imputados para repasar a fondo la nueva documentación. Una estrategia que dilatará aún más la instrucción justo cuando el Gobierno no para de pedir celeridad y desearía que se juzgara el caso para poder pasar página cuanto antes. La instrucción es ya un gigante. El último voluminoso informe, que cuenta con 50 anexos al margen de sus centenares de páginas, señala además con claridad que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía conocía este sistema de ayudas y además "participó en mecanismos que lo harían viable", aludiendo a la etapa en la que se gestó el sistema, en 2009.

La Guardia Civil, que cuenta con la declaración determinante de varios asesores -destaca María José Rofa- de Empleo, lleva a cabo una exhaustiva investigación sobre la Dirección General de Trabajo, epicentro de la supuesta trama, desde 1999 a 2010. Repasa las etapas de cada uno de los directores generales (todos imputados): Guerrero -con quien empezaron los desmanes-, Juan Márquez y Rivera . La Guardia Civil confirma que se habrían estado dando ayudas sin control financiero, de forma arbitraria y discrecional, beneficiando a amigos y conocidos de los altos cargos y círculos socialistas. El procedimiento seguido, carente de sustento legal, consistía en traspasar esos fondos públicos destinados a parados y empresas en crisis al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia IDEA, desde donde se otorgaban saltándose todos los controles pertinentes. Así lo hizo constar en reiteradas ocasiones la Intervención General de la Junta, cuyo responsable, Manuel Gómez, también declara ante la Guardia Civil. Lo que no queda claro es cómo este cuerpo de élite no redactó nunca un informe de actuación -encendiendo las alarmas- pese a que sus denuncias fueron reiteradamente ignoradas.

La teoría de la jueza que instruye la causa de los ERE, Mercedes Alaya, es que la Intervención General, un cuerpo de elite encargado de vigilar y auditar las cuentas públicas, hizo dejación de funciones. La magistrada ha situado el foco en estos técnicos. El pasado martes, la interventora general, Rosario Marcos, dejó su cargo.en 2010. Los investigadores describen que al desembarco del equipo del consejero Manuel Recio en Empleo tanto el viceconsejero Justo Mañas como Rivera, director general, "fueron informados a su llegada y de manera detallada, de la situación existente en la Dirección General, no trasladando los mismos al Juzgado ni al Ministerio Fiscal a pesar de su gravedad".

Además la Guardia Civil va más allá sobre el papel del último alto cargo responsable de estas ayudas y le censura que diera continuidad a los acuerdos alcanzados por Guerrero y ordenara pagos -en concreto se refiere a un expediente de Surlocor- "en un contexto en el que ya se sabía cómo se habían dado las ayudas durante la época de Guerrero". Estos datos ya trascendieron durante la imputación de Rivera, que contó con el respaldo firme y sin fisuras de su consejero y su Gobierno.manipulación. El informe da cuenta de cómo actuó el equipo de Griñán al llegar a la Consejería. El caso estalló cuando la prensa publicó que había intrusos en el ERE de Mercasevilla. Empleo montó un dispositivo especial para rastrear los expedientes bajo sospecha. Uno de los primeros que se miraron fue el de González Byass, donde comprobaron que figuraba como trabajador el exconsejero Antonio Fernández, que entró en la cárcel por este caso en abril.

El fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010 un equipo de confianza del consejero y su director general revisaron todos los papeles. No se destruyeron documentos, asegura la Guardia Civil, pero sí se manipularon algunos expedientes. No se mandaron a la jueza tal cual estaban "sino una vez completados con distintos documentos" que eran reclamados a otros organismos, por ejemplo a las delegaciones provinciales. "Al igual que ocurrió esto, se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida".

La investigación da cuenta de detalles como el arbitrario reparto de las ayudas de empleo: "la Sierra Norte de Sevilla, con una población aproximada de 30.000 habitantes recibe aproximadamente la mitad de los 60 millones de euros que se adjudican en Andalucía". La Guardia Civil subraya la dudosa legalidad de las ayudas a Matadero Sierra Morena y Grupo Barbadillo -se concedió un millón de euros con el convenio firmado ya caducado- y se insinúan relaciones al "más alto nivel". "Las ayudas a empresa vienen directamente desde la Consejería o Presidencia [...] de la mano en la mayoría de las ocasiones de los representantes de la patronal andaluza (CEA)", recoge en declaraciones la Guardia Civil. En otro punto alude a una "posible financiación de los sindicatos", que habrían recibido distintas cantidades de dinero "de las que a día de hoy se desconoce su motivación".

El informe implica igualmente al exdirector general de Trabajo, Juan Márquez, quien supuestamente ordenó "poner orden sin hacer ruido". También estrecha aún más el cerco sobre el exconsejero José Antonio Viera, diputado nacional y cuya imputación provocaría, por su condición de aforado, que el caso se trasladara al Supremo. Viera participó en reuniones para dar cuenta de las ayudas aunque ya no era consejero sino dirigente del PSOE de Sevilla.

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