La Guardia Civil destapa un patrimonio de 4 pisos y 300.000 euros a Guerrero

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación del principal imputado de los ERE por el riesgo de fuga. El conseguidor Lanzas sí podrá salir si paga 450.000 euros. La trama le reportó 15 millones y 16 inmuebles

el 05 jun 2013 / 07:30 h.

guerreroL. Blanco / D. Cela El rastreo que la Guardia Civil ha realizado de las cuentas y el patrimonio del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y del conseguidor Juan Lanzas (principales imputados en el caso ERE) revela que el primero recibió ingresos en efectivo “de procedencia desconocida” por valor de 303.588,31 euros y su patrimonio pasó de una casa y una parcela en El Pedroso antes de empezar a trabajar en la Junta a sumar otra casa, un local y dos garajes en la localidad de la Sierra Norte sevillana por valor de 264.974 euros, todos a nombre de su mujer entonces. En el caso de Lanzas, el incremento patrimonial fue mucho mayor. Entre lo recibido por él directamente o por los testaferros de sus empresas pantallas y las aseguradoras como mediador en los ERE y las prejubilaciones cobradas por él y sus familiares de empresas para las que nunca trabajaron amasó 15 millones y se hizo con 16 inmuebles valorados en más de 754.850 euros. Los dos son claves en la trama: el primero autorizaba la salida ilícita de dinero público, y el segundo negociaba para mover las ayudas, recibiendo por ello un beneficio mucho mayor que su socio. Guerrero y Lanzas son los únicos imputados aún en prisión para los que no se había dictado fianza, si bien ayer la Audiencia comunicó al abogado del segundo que podrá salir pagando 450.000 euros. Sobre Guerrero aún tiene que decidir pero la Fiscalía Anticorrupción se opone a su libertad por el riesgo de fuga, según dijeron a Europa Press fuentes judiciales. El análisis policial del enriquecimiento de ambos se incluye en la parte del sumario que ha permanecido secreta seis meses y que el lunes se dio a conocer a las partes, un sumario que revela que la Guardia Civil investiga también el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdelegado Antonio Rivas y el exdiputado socialista Ramón Díaz y sus familias. Entre los ingresos “de origen desconocido” de Guerrero, la mayoría de menos de 3.000 euros para no tener que indicar al banco su procedencia, la Guardia Civil destaca “la salida de cheques de las cuentas de la agencia pública IDEA –que pagaba las ayudas a las empresas en crisis para subvencionar los ERE– en fechas muy próximas a ingresos en efectivo en cuentas de Guerrero de valores iguales o similares”. En concreto alude a 18.000 euros en cuatro ingresos de 2002 y 2003. Lo mismo ocurre con 10.000 euros de cheques que salieron en 2003 y 2004 del bufete Garrigues, que intervino en la tramitación de varios ERE, coincidiendo en fecha y cuantía con ingresos en cuentas de Guerrero. La jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, mandó a prisión a Guerrero por segunda vez en marzo, tras la Operación Heracles en la que sumó 22 imputados más a una causa que supera ya los 70 implicados. La primera vez salió de la cárcel después de siete meses tras pagar 50.000 euros (después de que la Audiencia rebajara la fianza inicial fijada por Alaya de 250.000) y ahora está a la espera de lo que decida la Audiencia. Al margen de si dicta o no fianza para salir, Alaya ya le impuso 683 millones por responsabilidad civil y le embargó fincas y cuentas para cubrir una parte. En el caso de Lanzas, el sumario también revela que Anticorrupción pidió imponerle 145 millones de fianza por responsabilidad civil para “facilitar el mayor reintegro posible de los fondos públicos malversados”. Según la Guardia Civil, Vitalia y Uniter, principales aseguradoras con las que la Junta contrató sin concurso la tramitación de las pólizas de los ERE, cobraron comisiones por encima del mercado que provocaron un “importante perjuicio a la Hacienda Pública” y llegaron a sumar 34 millones de euros. De esas sobrecomisiones salían en parte los honorarios de Lanzas como mediador que le permitieron adquirir desde 2000 “un patrimonio cuyo valor es desproporcionado con los ingresos legalmente obtenidos”. Muchos de los 16 inmuebles comprados en este tiempo fueron pagados en metálico para “dar apariencia legal” al dinero logrado. Lanzas llegó a recibir, generalmente a través de testaferros, tres millones solo del Grupo Ruiz Mateos por su intervención en cinco ERE y 1,7 millones de nueve empresas en cuyos expedientes medió y en las que se metieron intrusos como Mercasevilla, Surcolor o Río Grande; además de 700.000 euros en pólizas al incluirse él mismo, a su mujer y a sus cuñados como prejubilados de empresas en las que nunca trabajaron. Su entramado de empresas pantallas recibió de la trama 9,6 millones. Griñán, la Junta y el PSOE desvinculan a Zarrías del caso ERE La aparición del nombre de Gaspar Zarrías en la declaración de uno de los imputados del caso ERE desató ayer un torrencial de protestas. Primero, el aludido, secretario de Política Municipal del PSOE, diputado en las Cortes y exconsejero de la Presidencia con Manuel Chaves negó rotundamente su implicación en el fraude. “Esa acusación es absolutamente falsa de toda falsedad”, dijo. El exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, le contó a la jueza Alaya que Zarrías “llamó en varias ocasiones” a su jefe, principal imputado en la causa, para incluir a intrusos en varias prejubilaciones, aunque dijo no recordar el nombre de ninguno. También recordó que Lanzas, el conseguidor, presumía de amistad con Zarrías. Un informe de la Guardia Civil, previo a estas declaraciones, desvincula al diputado socialista de la trama, y afirma que su relación con Lanzas es “de difícil definición”. El PP, tanto en Madrid como en Andalucía, exigió ayer explicaciones a Zarrías. En cambio, tanto el presidente José Antonio Griñán, como la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, y varios miembros del PSOE salieron en tromba en defensa del que fuera hombre fuerte de la Junta durante 13 años. Griñán se limitó a decir que la implicación de Zarrías “es desmentida por el informe” de la Guardia Civil. La consejera de la Presidencia aseguró: “Esa declaración la ha hecho un presunto delincuente que para mí no tiene ninguna credibilidad”. La presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales, también subrayó que el partido no da ningún crédito a las acusaciones que el exchófer de Guerrero vierte contra Zarrías. El diputado socialista reconoció ayer no entender que Trujillo le implicase ahora en un caso que acumula tres años de instrucción. El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, al que Trujillo vincula en los negocios de algunas empresas de Lanzas, también respondió ayer que es “absolutamente falso que haya tenido sociedad alguna” con el exsindicalista de UGT considerado el conseguidor en la trama.

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