La Guardia Civil detecta un "incremento patrimonial ilícito" por parte de Antonio Rivas

Asegura que la novia de uno de los hijos de Rivas habría cobrado 21.840,13 euros de empresas vinculadas a Juan Lanzas.

el 03 feb 2014 / 14:23 h.

Antonio Rivas. Antonio Rivas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un oficio a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en el que anuncia que ha detectado "un presunto incremento patrimonial ilícito" por parte del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que está citado a declarar el próximo viernes. En el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, el Instituto Armado subraya que la información facilitada por los diferentes organismos oficiales a lo largo de la investigación "revelaría un presunto incremento patrimonial ilícito" por parte de Rivas "pendiente de confirmar y cuantificar, pudiendo haber utilizado para ello a personas vinculadas directamente a su entorno familiar". Así, destaca "la vinculación laboral" que la novia de uno de los hijos de Rivas "habría mantenido" con empresas vinculadas al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, refiriéndose en concreto a María del Carmen Rodríguez Borrego, "quien habría figurado de alta en el régimen general de la Seguridad Social" en las mercantiles Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur, "de las cuales habría percibido un importe total de 21.840,13 euros". En este oficio, la Guardia Civil recuerda que ya ha hecho entrega en el Juzgado de varios atestados donde se explicaba "cómo una vez que la Junta libraba el dinero de las primas de las pólizas hacia las compañías aseguradoras, éstas hacían llegar a las mediadoras unas sobrecomisiones supuestamente autorizadas directamente por los responsables de la concesión de las subvenciones". Según los agentes, "una vez que estas sobrecomisiones llegaban a las mediadoras, se comenzaba un proceso de distribución del capital con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero", todo ello con el fin de "reintroducirlo en el mercado económico, perfeccionando con ello un supuesto delito de blanqueo de capitales" y "haciendo llegar parte de estos fondos a otras personas que habrían facilitado la culminación de todo el proceso, entre ellas algunas autoridades administrativas con responsabilidad en la concesión de las subvenciones objeto de desvío". De esta manera, y "profundizando en esta línea de investigación, se está tratando de depurar, por un lado, todo aquello relacionado con el supuesto blanqueo de capitales, y por otro, delimitar las posibles responsabilidades penales de aquellas personas físicas y/o jurídicas que habrían sido receptoras de los fondos públicos que originariamente habían salido del erario andaluz con un fin subvencionador y sin embargo habrían acabado capitalizando otros intereses". "INCREMENTO PATRIMONIAL DESPROPORCIONADO" DE LANZAS Así, y en relación al blanqueo de capitales investigado, la Guardia Civil dice que en el marco de la investigación "se ha podido determinar la utilización de un entramado empresarial, organizado y dirigido" por Lanzas y a través del que "se canalizaba el dinero que procedía de la Junta y por donde fluía además otro capital que Lanzas recibía, entre otros, de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones conseguidas por éste". En los diferentes atestados se ha hecho referencia a la "participación" de Lanzas en los hechos investigados, "a las relaciones de amistad de éste" con Rivas y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y "a la utilización de un entramado societario y personas de su entorno familiar para introducir en el circuito financiero el dinero de origen ilícito, permitiéndole con ello un incremento patrimonial desproporcionado y su posterior distribución entre las diferentes personas físicas y jurídicas participantes en la trama, algunas de ellas con responsabilidades en el ejercicio de funciones públicas". Así, y además citar todo lo relacionado con Rivas, dice que el desarrollo de la investigación "ha puesto de manifiesto que la sociedad Canal Baeza y La Loma forma parte del entramado societario" aludido, "así como la utilización de cuentas bancarias titularidad" de la hija de Lanzas, María Lorena Lanzas Sierra, "para el trasvase de fondos indiciariamente de origen ilícito". La Guardia Civil anuncia que "también se ha podido determinar la vinculación de Lanzas" con la Asociación Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, asociación en la que ostentaba el cargo de presidente y que "habría solicitado ayudas públicas ante la Junta". INFORMACIÓN FINANCIERA A fin de "poder confirmar" lo anterior y de "determinar el fin último dado a los fondos públicos recibidos en concepto de ayudas diversas", el Instituto Armado pide a la juez que ordene a la Asociación Española de Banca Privada (AEB), a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que recabe de sus asociados información sobre los productos --cuentas, préstamos bancarios, cajas de seguridad, transacciones, movimientos de capitales...-- de los que pudieran ser titulares cinco personas, entre ellas, María Angeles Rivas Romero, María Lorena Lanzas Sierra, así como Canal Baeza y La Loma y la Asociación Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. La Guardia Civil también reclama que tanto la AEB como la Unacc y la CECA informen de los haberes existentes e identifiquen a otras personas que figuren en estos productos, y que en el caso de cuentas corrientes o de ahorros faciliten el listado de los movimientos habidos desde el 1 de enero de 2001 hasta la actualidad. Tras ello, la juez Alaya ha dictado un auto en el que acepta esta petición "a fin de aclarar no sólo los verdaderos beneficiarios de las ayudas sino las operaciones comerciales mantenidas entre las empresas tramitadoras de expedientes, mediadoras, despachos de abogados, etc", para lo cual "se hace necesario un estudio sobre la información registral de las empresas beneficiarias y un análisis financiero vinculado con determinadas personas físicas o jurídicas relacionadas con los hechos". La magistrada reclama que, "a la mayor brevedad", las entidades financieras mencionadas informen sobre la fecha de apertura, titularidad y autorizados de los productos bancarios relacionados, interesando que "faciliten el listado de los movimientos habidos en los periodos indicados para cada producto".

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