La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso Mercasevilla y el fraude en los expedientes de regulación de empleo, no recibió «ni mucho menos» toda la documentación que sobre el ERE de la lonja sevillana constaba en la Consejería de Empleo. La Guardia Civil sostiene que «se montó un expediente ex profeso» para enviarlo a la instructora después de que se revisara bajo la supervisión del entonces consejero de Empleo Manuel Recio y otros altos cargos de la consejería. Además, los agentes creen que si la Junta no se hizo cargo del ERE de 2007, como ya hiciera en 2003, porque saltó el escándalo del intento de cobro de comisiones a los empresarios de La Raza. Los investigadores destacan también la «intermediación esencial» del exsindicalista Juan Lanzas que consiguió con estos expedientes un «rédito sustancial». En un atestado sobre los dos ERE de Mercasevilla, que se hicieron en 2003 y 2007, la Guardia Civil recuerda que tras detectarse el primer intruso en el expediente de la lonja «se celebró una reunión en el despacho del entonces director general de Trabajo Daniel Rivera» a la que asistieron él mismo, el exconsejero de Empleo Manuel Recio, el exviceconsejero Justo Mañas, así como otros cargos y funcionarios. Una reunión «en la que el consejero dio instrucciones de revisar todos los expedientes pendientes de pago». La revisión de dichos documentos se realizó «entre los días 19 y 21 de noviembre de 2010» y en la que Rivera ordenó que se analizase el de Mercasevilla «para mandarlo al juzgado». Los agentes indican que la exasesora de Empleo María José Rofa, imputada en el caso ERE, fue la que se encargó de numerar los folios y la viceconsejería se encargó de «revisarla antes de su envío al juzgado». Sin embargo, «no se envió ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente de Mercasevilla si no que se montó un expediente ex profeso», según declaró Rofa ante la Guardia Civil. La exasesora también relató en su declaración que sobre los informes elaborados sobre el expediente de Mercasevilla declara que «ante la negativa del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas a aportar documentación sobre el expediente, el exasesor de Empleo Ramón Díaz se tuvo que desplazar hasta la Delegación Provincial y coger el listado de trabajadores a mano». En cuanto al ERE de 2007 llevado a cabo por la lonja la Guardia Civil recuerda que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero se comprometió a tres pagos con la aseguradora Vitalicio por esta expediente que suponía nueve millones de euros, pero fue cesado en su cargo,. Los agentes creen que «no sería descabellado concluir que la Consejería de Empleo no se habría hecho cargo de los tres compromisos de pago que realizó Guerrero a Vitalicio en relación a la póliza, a diferencia de otros expedientes como el de las empresas CESPA FCC [que sí se abonaron pese al cese de Guerrero], porque ya se habría hecho público el caso de las comisiones ilegales para la escuela de hostelería reclamadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce», exdirector de la lonja y adjunto del mismo. En este ERE, se incluyó como intruso a Antonio Garrido Santoyo, vinculado al PSOE de Jaén, para lo que Mellet contactó con la aseguradora Vitalia porque era un «compromiso ineludible» y era una «proposición abalada por Guerrero». La Unidad Central Operativa (UCO) cree que Garrido aparece en este ERE porque él se acogió a una prejubilación en Coosur en 1999, que no fue subvencionada por la Junta, por el que tenía que cobrar de Vitalia 75.000 euros. La aseguradora «cargaría el peso de esta ayuda sobre la Administración incluyendo a Santoyo en una póliza sufragada por ésta», concluye el atestado. En este expediente el conseguidor de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas aparece como intruso «para pagar parte de la comisión de éste por su mediación con la Junta de Andalucía para financiar las prejubilaciones de Mercasevilla». Sin embargo, Mellet «se negó a firmar su boletín de adhesión», por lo que no cobró. Finalmente, se «suscribió una póliza con Vitalicio de que la Lanzas es tomador, asegurado y beneficiario», que según la Guardia Civil, en principio iba a ser pagado por la Junta. Para los agentes el papel de Lanzas en estos ERE es clave, de hecho considera que el exsindicalista logró unos «réditos sustanciales» por su intermediación «crucial» para lograr financiación de la Junta de Andalucía, cifrando en 635.573 y 76.791 euros las comisiones que percibió por ello. Además, los agentes creen que Lanzas percibió de Mercasevilla 116.048 euros a través de la empresa Hermes Consulting «en concepto de actuaciones/trabajos contratados para la mejora de la plantilla y asesoramiento para la mejora de las relaciones laborales». Unas facturas que «finalmente se habrían utilizado para articular el pago de otros conceptos muy distintos a los expresados en las mismas», como «la escuela taller 2007, aceite y gastos derivados de la contratación de personal por parte de empresas del entramado societario de Lanzas». Así fue como se cubrieron estos gastos, después de que la Junta no abonara el ERE de 2007. Uno de los contratos laborales que hizo Lanzas es el del ex presidente de la lonja José Antonio García, exconcejal socialista que dimitió por el escándalo de las facturas falsas de Macarena, aunque después resultó absuelto. García «habría percibido retribuciones en 2007 y 2008 por un importe total de 9.321,65 euros como trabajador hasta cuenta ajena», tras lo que, un día después de desvincularse de esta empresa, «pasó a ocupar el cargo de director de Consumo en el Ayuntamiento de Sevilla a petición del propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín». Por último, el informe destaca que Lanzas «ordenó» al presunto testaferro Juan Francisco Algarín «llevar sobres cerrados a Mercasevilla que podrían contener facturación falsa y recoger dinero en efectivo de Mercasevilla».