La Guardia Civil detectó "importantes operaciones comerciales" entre dos empresas de enseñanza en las que trabajó el "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas y el sindicato UGT y la Junta de Andalucía, lo que llevó a la actual causa judicial sobre presuntas facturas falsas del sindicato.
Según documentos conocidos ahora, cuando se ha levantado el secreto sumarial sobre las facturas de UGT, Lanzas fue entre 1997 y 2002 secretario general de la Federación de Alimentación de UGT en Andalucía, y tras abandonar el cargo estuvo vinculado a dos empresas denominadas Planificación, Cooperación y Desarrollo y Círculo Empresarial para la Formación.
Un informe de la Guardia Civil recogió que esas dos empresas habían tenido operaciones comerciales de 8.651.350 euros con diferentes federaciones de UGT, en especial la de Alimentación y Tabaco, y de 2.977.649 con el Servicio Andaluz de Empleo.
Dichos datos de la Guardia Civil se refieren a operaciones de varios años entre 2000 y 2010, aunque Lanzas solo estuvo vinculado a la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo entre febrero y abril de 2002 y a Círculo Empresarial entre mayo y agosto de 2002.
La Guardia Civil pidió a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, que decretara el secreto de sumario y le permitiera investigar esa nueva línea vinculada a Lanzas -uno de los principales imputados en el caso de los ERE- y la posible "adjudicación arbitraria a determinados agentes sociales" de los cursos de formación.
A ello unía las manifestaciones realizadas por Teodoro Montes, exresponsable de Formación Ocupacional de la Junta, sobre las "graves irregularidades" en los fondos de formación y la ausencia de inspección y de control económico de las facturas justificativas. Los investigadores tenían la sospecha de que las dos empresas "pudieran haber sido objeto de adjudicación de acciones formativas de manera irregular" o haber mantenido operaciones comerciales favoreciéndose de su relación con Juan Lanzas y las relaciones de éste con cargos públicos o sindicales".
En dicho oficio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirmaba que la mayoría de los acuerdos sobre los ERE incluían planes de formación profesional para el colectivo de trabajadores afectados, por lo que consideraba que los cursos de formación "se encuentran íntimamente ligados a los ERE" y la relación de Lanzas con esas dos empresas "sería susceptible de albergar indicios racionales suficientes acerca de la existencia de algún tipo de irregularidad o interés oculto".
