La plana mayor del Gobierno andaluz se lanzó ayer en tropel a cuestionar el último auto de la jueza Mercedes Alaya, que imputa a 20 altos cargos de la Junta. Todos coinciden en que la resolución es nula porque no recoge los delitos que se imputan a los acusados. En efecto, el auto de Alaya, en apenas 12 páginas, se limita a describir el procedimiento que utilizó la Junta durante más de una década para otorgar ayudas sociolaborales, y menciona a todas las personas que participaron en la concepción y el desarrollo de dicho sistema. En ningún momento explicita qué delito pudieron cometer los 20 imputados, pero deja claro que todos ellos (altos cargos de las consejerías de Hacienda, Innovación y Empleo) formaban parte de un procedimiento ilegal (la transferencia de financiación), diseñado para sortear los controles internos, y permitir el dispendio continuado de fondos públicos. La exministra y exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, fue quien diseñó este sistema en 2003, y el presidente José Antonio Griñán lo heredó y siguió utilizándolo para pagar los ERE.
El auto, fechado el 28 de junio, se le entregó a las partes personadas en la causa el martes, junto con dos extensos oficios de la Guardia Civil, fechados el 27 de junio, que en teoría sostienen las imputaciones de los 20 altos cargos por posibles delitos de malversación, prevaricación y delito contra la Hacienda Pública. En la documentación constan las declaraciones ante la Benemérita de 14 testigos, entre ellos dos de los nuevos imputados (los ex secretarios generales de Hacienda Antonio Estepa y Buenaventura Aguilera) y los exinterventores delegados en las tres consejerías implicadas (cuyo cometido era fiscalizar el uso del dinero público). Los interventores coinciden en que Hacienda les dejó al margen del sistema de control de ayudas, y que no podían saber ni cuánto dinero salía ni qué uso se le daba. Entender este trabajo de fiscalización permitirá comprender cómo se habría podido salvar esta labor de control, ya no solo en relación al gasto sino también en todo lo referente a presupuestos y modificaciones de éstos, le dice la Policía Judicial a la jueza.
Intervención // La tesis de la Guardia Civil, como se desprende de los interrogatorios a los cargos intermedios de Hacienda, Innovación y Empleo, es la misma que Alaya dibuja en su polémico auto: el procedimiento estaba viciado desde el origen. La Benemérita también comunica a la jueza que investiga posibles irregularidades en otras entidades de la Junta (no sólo el IFA/agencia Idea), una vez que los testigos admiten que el mismo procedimiento para conceder ayudas públicas se utilizaba con otras agencias y entes de la Administración.
El interventor de Empleo entre 2001 y 2003, Carlos González, admite que el sistema de transferencias de financiación, que Alaya tilda de ilegal, se ideó precisamente para eludir el control financiero que debería haber realizado el interventor si se hubiera usado el método ordinario (subvenciones directas). Otros, en cambio, como el exsecretario de Aguilera (ahora imputado), insiste en que la figura de transferencia de financiación está recogida en la Ley de Presupuestos anual. Se trataba de un mecanismo que agilizaba los pagos de ayudas a parados y empresas en crisis y que Empleo utilizó para desactivar conflictos laborales enconados. En el oficio de la Benemérita se pregunta insistentemente a los testigos por el informe que elevó el interventor general, en el que sostiene que el uso de la transferencia de financiación para financiar actuaciones concretas como las subvenciones excepcionales da lugar a importantes deficiencias, dificultando el control (...) y facilitando resultados contrarios a las normas como la adopción de compromisos de obligaciones superando los límites de crédito presupuestario. Aguilera explica a la Guardia Civil que los presupuestos del IFA/agencia Idea órgano del que salían las ayudas supuestamente ilegales eran estimativos, y que por tanto es normal que variaran respecto a la cifra inicial. En cambio, el exinterventor de Empleo González, al ser interrogado si un desfase presupuestario de 38 millones supondría un menoscabo para los fondos públicos atribuido al sistema de transferencia de financiación, responde pudiera ser que sí.
