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La Guardia Civil lamenta la falta de medios para zanjar la corrupción

Los investigadores de la operación Enredadera recuerdan que tienen que hacer frente a organizaciones con recursos económicos «muy superiores»

el 04 dic 2014 / 12:00 h.

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dipu-enredaderaSon los encargados de luchar contra una «fenomenología criminal» que provoca «gran alarma social» y lo hacen en clara desventaja porque se enfrentan a «organizaciones criminales» que en «ocasiones son muy superiores» gracias «a sus medios económicos». Así es como se sienten los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de la investigación de la operación Enredadera, en la que indagan el pago de mordidas a cambio de contratos públicos, y así lo expresan en un atestado en el que le reclaman a la jueza Mercedes Alaya que les permita «el uso provisional» de varios vehículos intervenidos en el operativo. En un escrito fechado el pasado 13 de noviembre, el teniente de la unidad explica que se ha producido un «proceso histórico de progresiva concienciación y respuesta en el plano judicial y policial» contra una actividad delictiva que «causa una gran alarma social como es actualmente el fenómeno de la corrupción, que deteriora paralelamente la propia sociedad, atentando contra sus valores y su normal desarrollo». Dentro de esta reflexión, la Guardia Civil apunta que la corrupción, más allá del revuelo social que está causando, «deteriora paralelamente la propia sociedad, atentando contra sus valores y su normal desarrollo». Toda una declaración de intenciones en la que asegura que tramas criminales como la de Fitonovo «atacan de lleno bienes jurídicos de importancia capital para el actual Estado de Derecho y Bienestar Social», pues con su actuación delictiva «ha atacado los principios» de la contratación pública. Esto, a juicio de la UCO, ha causado un deterioro de la misma. «Se han desviado recursos públicos para enriquecimiento de esta organización criminal, restando dichos recursos de su correcta aplicación», como por ejemplo, destinar fondos para «los medios materiales con que cuentan las fuerzas de seguridad del Estado para luchar contra la delincuencia». Los agentes insisten en que la mejor «herramienta de erradicación» de este tipo de delincuencia es «la descapitalización de estas organizaciones», contra las que luchan en desventaja. «Debido a los medios económicos de estas organizaciones criminales son en ocasiones muy superiores a los que disponen los actores encargados de combatirlas, lo que se traduce en un descenso de la eficacia aumentando el grado de impunidad». La solución pasa por conferir «esos recursos a las entidades y organismos dedicados a perseguir» este tipo de «delincuencia cualificada», «más aún si se contextualiza todo ello en los momentos de austeridad y contención del gasto» llevado a cabo por todas las administraciones. Además, recuerdan que cada vez tienen que llevar a cabo «técnicas más complejas de investigación» (vigilancia, seguimientos, desplazamientos por todo el país?) para luchar contra «los cada vez más sofisticados procedimientos que emplean las organizaciones investigadas». Así, concluyen que es «muy necesario contar con medios adecuados que garanticen la desarticulación de estas organizaciones, al tiempo que se consiga un nivel aceptable de seguridad para los agentes». Tras todos estos argumentos, reclaman cinco vehículos a la jueza, que se los ha otorgado, entre ellos un Jaguar del exjefe de Carreteras de la Diputación, Carlos Podio.

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