La ilegalización de ANV y PCTV estaba a expensas de la actuación de la Justicia y ésta cuenta ya con pruebas para, al menos, estudiar el caso. La Guardia Civil remitió ayer un informe a la Fiscalía que demuestra la conexión de estos partidos con la ilegalizada Batasuna, a través de los movimientos de las cuentas bancarias.
La Guardia Civil incluye, en el informe remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo y la de la Audiencia Nacional, un pormenorizado análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de miembros relacionados con el entorno de Batasuna que vincularía el partido ilegalizada con Acción Nacionalista Vasca (ANV), según fuentes de la lucha antiterrorista.
El estudio demostraría la existencia de pagos realizados por ANV a políticos de la izquierda abertzale entre los que están la dirigente de Batasuna, Marije Fullaondo, encarcelada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el 21 de diciembre. En el auto de encarcelamiento se afirma que estaba acreditada la pertenencia de la acusada a la Mesa Nacional de Batasuna y su conexión con el PCTV del que "recibe nómina de sueldo".
Garzón indica, además, que ANV "rinde cuentas" a esta miembro de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada y que "recibe información o rendición de cuenta por parte de responsables de la formación política".
El envío del informe podría impulsar una pronta solicitud de ilegalización contra ANV por parte de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público está ultimando esta petición, que presentará previsiblemente la semana próxima, y por separado, contra ANV y PCTV como presuntas continuadoras de Batasuna. El análisis contiene indicios de la relación existente entre estos partidos, especialmente en lo que se refiere a los vínculos financieros.
Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que es probable que no se opte por una demanda de ilegalización, sino por la vía de un incidente de ejecución de la sentencia de marzo de 2003 que declaró ilegal a Batasuna, al considerar que ANV no sería más que una continuación de la primera.
Esta segunda vía cuenta con la ventaja de requerir una tramitación más rápida, ya que en el caso de Batasuna transcurrieron más de seis meses desde que se presentaron las demandas hasta que se dictó sentencia ilegalizando esta formación.
Sin debate político. Este informe no ha llevado, por ahora, a que la ilegalización se reclame desde el Ejecutivo. La Diputación Permanente del Congreso rechazó por quinta vez la petición del PP para convocar un pleno extraordinario para pedir que el Gobierno inste a ilegalizar estos partidos.
La Diputación Permanente también rechazó una petición para que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, esclareciera el caso de las supuestas agresiones recibidas por los etarras Igor Portu y Martín Sarasola tras su detención.
Mientras tanto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno no iba a "retroceder a todas las cuestiones que se hicieron en su momento" y que "durante la tregua no bajó la guardia" y "se siguieron produciendo detenciones".
