Los cuatro detenidos el martes en la Operación Madeja pasarán hoy a disposición judicial, después de que durante todo el día de ayer prestaran declaración en dependencias de la Guardia Civil. La operación fue desplegada por orden de la jueza Mercedes Alaya en el marco de la investigación de una nueva pieza del caso Mercasevilla que indaga el posible cobro de dádivas de un exalto cargo municipal a empresarios a los que el Ayuntamiento adjudicó contratos. Los detenidos son el exdirector de Vía Pública y exasesor del Gobierno socialista de Alfredo Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño;su mujer, la abogada Ana Vaquero; el gerente de la empresa Fitonovo, Rafael González Paloma; y el exgerente de Fiverde Ángel Manuel Macedo. En la operación también fueron imputadas dos personas vinculadas a la administración de ambas empresas. Los empresarios respondieron ayer a las preguntas de los agentes mientras que Castaño y su mujer se acogieron a su derecho a no declarar, derecho que sus defensas no descartan usar también ante Alaya. La Operación Madeja se desplegó el martes después de que la jueza ordenara investigar el posible enriquecimiento ilícito de Castaño, que ya está imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades en la venta de suelos de Mercasevilla ya que cuando se convocó en 2006 el concurso que ganó Sando, era director de Vía Pública y consejero de la lonja. Las pesquisas de la Guardia Civil revelaron la adquisición de varias propiedades e ingresos en sus cuentas por 300.000 euros que presuntamente podrían proceder de dádivas pagadas por Fitonovo y Fiverde a cambio de que que les adjudicara trabajos fitonsanitarios y medioambientales para el Ayuntamiento. En el interrogatorio de ayer, la Guardia Civil atribuyó al que fuera durante años mano derecha de Monteseirín presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En la operación la Guardia Civil registró las sedes de Fitonovo y Fiverde, un chalet de Castaño y su mujer en Guillena, un piso y un local en el centro de Sevilla y el despacho de su mujer en el bufete en el que trabaja. En estos registros se incautó documentación, archivos informáticos y 7.000 euros en las propiedades de Castaño y Vaquero. Ayer se practicó otro registro más en un trastero también propiedad de la pareja. Mientras, las reacciones políticas se suceden. El delegado de Distritos del actual Goberno del PP, Beltrán Pérez, dijo que tras los detenidos hay una responsabilidad política del partido que gobernaba en el mandato anterior. Desde el PSOE, el presidente provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, defendió que la corruptela hay que castigarla, venga de donde venga.