La propia jueza Mercedes Alaya casi da al traste con la llamada operación Madeja, en la que se investiga una posible financiación ilegal del PSOE con dádivas de empresas a cambio de contratos, y ya van tres errores en tres semanas. Pero ninguno como éste, pues en el auto que dictó la semana pasada para prorrogar el secreto de sumario, por quinta vez, reveló sorpresivamente que la Guardia Civil mantenía el teléfono pinchado a diez funcionarios municipales. Esto hizo que los agentes tuvieran que iniciar precipitadamente la segunda fase de la operación, registrando las sedes de la empresa Fitonovo y la Delegación de Parques y Jardines. Al cierre de esta edición eran cinco los detenidos y dos imputados.
El domingo, cuando se filtró a la prensa el auto de prórroga del secreto de sumario, la jueza decidió llamar a la Guardia Civil, dando orden de que se llevaran a cabo los registros el mismo lunes. La segunda fase de la operación Madeja, según fuentes consultadas, iba a ser de mayor envergadura, pero los acontecimientos la precipitaron. El lunes la jueza no ocultó su enfado en el juzgado, culpando a sus funcionarios de haber notificado el auto completo, sin obviar la parte en la que se explicaban las diligencias que se estaban practicado, las escuchas telefónicas, que justificaban la continuidad del secreto ante los datos que estaban aportando.
Desde primera hora de la mañana los agentes de la Unidad Central Operativa de la (UCO) registraban la sede de Fitonovo, en Salteras, donde efectuaban las primeras detenciones: el hijo del dueño de la entidad, José Antonio Baró, y un empleado, cuya identidad no ha trascendido. Paralelamente, los investigadores también registraban la delegación municipal de Parques y Jardines, en concreto, los despachos del director general, Joaquín Peña; del jefe de servicio, José Antonio Amores; su adjunto, Javier Gómez; y del responsable de mantenimiento del parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas.
Horas después, se conocía la imputación de Peña, a quien el alcalde, Juan Ignacio Zoido, destituía poco después tras convocar sobre la marcha, nada más conocer los registros, una junta extraordinaria. Ya por la tarde, fuentes de la investigación señalaron a este periódico que las detenciones se elevaban a cinco, pues además de las dos personas relacionadas con Fitonovo, los agentes también habían arrestado a dos funcionarios municipales y a un empresario ajeno a la citada entidad. Asimismo, además de la imputación de Peña, se producía la de un funcionario más, cuya identidad no pudo ser revelada por las citadas fuentes. Ayer fue la segunda vez que se registraba la sede de Fitonovo, ya que en julio, con la primera fase de la detención, los agentes estuvieron buscando información para aclarar el caso. Sin embargo, el de ayer fue mucho más aparatoso debido a la que tuvo que ser preparado en pocas horas. De hecho, fuentes del caso aseguraron que, de haberse practicado más adelante, el número de detenidos podría haber sido incluso mayor. No obstante, los investigadores no descartan que se produzcan nuevas detenciones, pues al cierre de esta edición, aún continuaban registrando las dos sedes.
El tremendo error de Alaya, que era el tema de conversación ayer en los juzgados, quedó reflejado en el auto de la semana pasada cuando revela que el 21 de octubre acordó la intervención de ocho líneas usadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Ayuntamiento, mientras que la intervención de otras dos líneas se acordó el 5 de noviembre. Gracias a estas escuchas se han obtenido datos importantes para la investigación, según recoge el auto, habiéndose procedido a la entrega en el Juzgado de DVD conteniendo las conversaciones interceptadas, así como transcripción de las que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, Alaya destaca que está la espera de que el Grupo de Criminalística de la Guardia Civil le haga entrega de los datos digitales contenidos en una tablet intervenida a Castaño, y de los obtenidos en otros dispositivos informáticos intervenidos, que pudieran ser de interés para la investigación y de los que se derivarían nuevas diligencias. Teniendo en cuenta lo anterior y sobre todo las intervenciones telefónicas decretadas, así como las diligencias nuevas que previsiblemente se ordenarán, es procedente prorrogar el secreto, pues lo contrario podría provocar la destrucción de indicios.
De las comisiones de Mercasevilla a los sobres sospechosos Madeja es una ramificación más del caso Mercasevilla, que tuvo su origen en las grabaciones que los empresarios de La Raza pusieron en manos de la Fiscalía, luego el PP lo llevaría a los juzgados, en la que se escuchaba a los directivos de la lonja reclamándoles una comisión a cambio de hacerse cargo de la gestión de la escuela de hostelería. En concreto, esta operación parte de la causa que se abriría posteriormente para investigar la venta irregular de los suelos de Mercasevilla. En la misma, uno de los imputados es el exdirector de Vía Pública y exasesor socialista Enrique Domingo Castaño, sobre quien la jueza Alaya ordenó una investigación de su patrimonio para detectar si tuvo alguna contraprestación a cambio de la preparación del concurso a favor de la constructora Sando, para la que Castaño acabó trabajando tras su cese.
La Guardia Civil detectó entonces la posibilidad de que el exalto cargo recibiera dádivas de a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde. La primera fase de Madeja se llevó a cabo en julio, cuando los agentes detuvieron a Castaño y a su mujer, la abogada Ana María Vaquero; así como al administrador de infraestructura y medio ambiente de Fitonovo, Rafael González, y del exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo. De los cuatro, Castaño fue el único que ingresó en prisión tras declarar ante Alaya, aunque pudo salir en agosto tras abonar 60.000 euros de fianza. También fue detenida la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró y el responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a la empresa.
La declaración de González fue la que alertó de una posible financiación ilegal del partido socialista, pues reconoció que entre 2005 y 2006 entregó un sobre con 30.000 euros a Castaño y que le dijeron que era para el PSOE. Según González, este dinero no era a cambio de nada porque los contratos estaban dados. Asimismo, le entregó siete móviles para que los repartiera.
