Hasta el 25 de abril de 2011 no hubo una sola voz que cuestionase unos números que no cuadraban y que reclamase claridad a las puntualizaciones que exigían los auditores. Y eso que la Fundación DeSevilla llevaba funcionando desde 2007 y que la empresa encargada de auditar las cuentas, Deloitte, insistía reiteradamente que ni con las cuentas de 2008, ni con las de 2009 ni con las de 2010 podía expresar una opinión por las limitaciones e incertidumbres que ha sufrido a la hora de la realización de la auditoría. Ocurrió en las misma sesión en la que se planteó que Intervención municipal quería detalles del déficit y de la actividad.
J.M. PAISANO (ATESE)
Fue el exgerente de Emasesa Manuel Marchena el que trató de dejar claro que el Patronato y sus patronos, entre los que se incluía, no era el órgano encargado de la gestión de la Fundación, si bien el informe de la Guardia Civil, entregado al Juzgado de instrucción, que investiga el desvío de fondos 936.000 euros de la Fundación DeSevilla, abunda en que tenían una responsabilidad directa en la gestión contable. Una gestión que, desde Deloitte, en su declaración policial, tildaron de absoluto descontrol, y desde donde apuntaron que las responsabilidades contables se deberían extender al Patronato, por estar al tanto de los informes de auditoría y aprobar las cuentas cada año.
El juez ha citado a declarar como imputado al entonces concejal de IU y vicepresidente de la Fundación, Carlos Vázquez, el próximo día 24, con lo que amplía las diligencias abiertas contra el exgerente de la Fundación, Miguel López Adán. Vázquez, actual asesor de Diego Valderas que lo ratificó hace un par de días, también es máximo responsable del PCA en Sevilla.
El informe de la Guardia Civil apunta a que las directrices las daba el señor Vázquez Galán con el respaldo unánime de los miembros del Patronato. Y es que, según se desprende del relato de las actas y las sesiones, Vázquez es una pieza clave en el funcionamiento de la Fundación y fue acumulando competencias en la toma de decisiones. Él, junto con López Adán, se encargan de justificar cuentas que descuadran y en las que va aumentando el déficit. Así, en 2008 el balance negativo supera los 460.000 euros o en 2010 el déficit entre ingresos y gastos supera los 340.000 euros. En 2007, el déficit anunciado por López Adán es de 89.000 euros, cuando en realidad se eleva a más de 149.000. En 2009, Deloitte avisa del desequilibrio patrimonial, señalando que el gasto más importante es el de personal, y apuntando que son necesarias aportaciones adicionales para que la Fundación pudiera seguir funcionando.
Vázquez y López Adán reciben facultades para realizar operaciones como pedir al Ayuntamiento una aportación de 1.624.319 euros para restituir el equilibrio patrimonial o solicitar un préstamo por un máximo de 400.000 euros. Además, se delega a Vázquez que sea el encargado de proponer los proyectos a la Delegación de Cooperación al Desarrollo, entonces dirigida por Antonio Rodrigo Torrijos, cuya actividad se intensifica cuando es ésta la delegación con la que se colabora.
La Guardia Civil reseña en su informe que Rodrigo Torrijos, entonces teniente de alcalde, estaba al tanto de la situación económica de la Fundación al asistir a la mayoría de sesiones del Patronato e igualmente era consciente de las dificultades que tenía para justificar el dinero recibido por las subvenciones y, porque debido a sus responsabilidades municipales, daba el visto bueno a la tramitación de las solicitudes de las subvenciones que hacía la Fundación.
¿Qué pasó con los proyectos subvencionados con 742.500 euros? La Fundación esgrimía el desequilibrio económico quepadecía en que no recibía a tiempo las subvenciones concedidas. Sin embargo, el interventor apuntaba a la falta de justificación o la no devolución, en su defecto, de alguna de esas ayudas como motivo para el retraso, en concreto una por 63.921,62 euros.
En su investigación, la Guardia Civil se detiene sobre un expediente, el 98/2008, que suponía una ayuda de 742.500 euros para realizar trece proyectos en varios países, entre ellos Cuba, Nicaragua, Argelia y Palestina (la subvención era el 75% del coste total, que se elevaba a 990.000 euros) a ejecutar entre octubre de 2008 y septiembre de 2009. Justo cuando va a expirar el plazo, el exgerente López Adán pide una ampliación de seis meses para realizar los proyectos porque no había recibido el dinero. En julio de 2009 pide 45 días más para justificarlos, apostilla la Guardia Civil. Ambas propuestas, remitidas a la delegación de Torrijos, son aceptadas y se elevan a Junta de Gobierno, donde se aprueban. Sin embargo, en marzo de 2011 López Adán presenta una renuncia a esa subvención y pide la anulación de las facturas presentadas.
La Guardia Civil se pregunta a raíz de este movimiento: ¿Qué fondos se utilizaron para pagarlas?, ¿Por qué se renunció al total de la subvención cuando existían facturas justificadas que podían haber reducido la devolución? ¿Las facturas retiradas lo fueron por alguna irregularidad en ellas que pudiera aflorar ante la posible llegada de nuevos patronos a la Fundación?
