Economía

La herencia del Pacto de Toledo

Esquiva lo polémico, recoge pensión para amas de casa y critica la prejubilación

el 23 dic 2010 / 21:48 h.

Un grupo de jubilados juega al dominó en el Hogar del Pensionista de Guillena.
El Pacto de Toledo ha dado por terminados sus trabajos para la reforma de las pensiones, que se materializan en un documento de recomendaciones al Gobierno que el Congreso votará el próximo miércoles. El informe evita los planteamientos polémicos, el principal el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, y recoge una batería de iniciativas para que las amas de casa accedan a la prestación y se apueste por los planes y fondos de pensión privados. Y el IPC no le gusta.

 

El IPC no vale para la revalorización. El informe aconseja estudiar la posibilidad de utilizar otros índices diferentes al IPC para revalorizar las pensiones, como el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Según precisa, el vigente sistema de revalorización ha dado lugar en anteriores ejercicios a desviaciones entre el IPC previsto y el real, de ahí la "consiguiente desvirtuación" de su finalidad de mantener el poder adquisitivo.

Considera que debería proponerse un tratamiento específico para cada desviación del IPC real que haya ocasionado subidas en las pensiones. Hablando en plata. Toda subida por encima del IPC debe ser sufragada con cargo a recursos financieros distintos a los de la Seguridad Social en aras de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Es decir, se mantendría tan sólo el poder adquisitivo, pero no más allá. Y eso evitaría, por ejemplo, lo sucedido el año pasado, cuando se aplicó una subida del IPC del 2%, la inflación, en cambio, quedó muy por debajo (0,8%) y el dinero de diferencia a favor de los pensionistas no se recuperó por parte de la Seguridad Social.

Una edad más partía para la jubilación. El documento final aconseja elevar la edad real de jubilación para así ajustarla a la legal (65 años) e incentivar, además, la prolongación voluntaria de la vida laboral por encima de los 65 años. No obstante, los integrantes de la mesa constatan que no se ha alcanzado pacto alguno en materia de edad legal de jubilación, que el Gobierno de Zapatero quiere situar en los 67 años, aunque de forma gradual y con excepciones.

Censura a la congelación de las pensiones. Asimismo, el informe manifiesta una abierta censura a la congelación de las pensiones prevista para el año que viene -fue una iniciativa del Ejecutivo para la reducción del déficit público-, y solicita al Gobierno que no vuelva a probar una medida similar "sin la consulta y el debate previo" con los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo.

Un excesivo uso de las prejubilaciones. También reclama que se cambie la situación que ha llevado a que la jubilación anticipada y las prejubilaciones se hayan convertido, básicamente, en una fórmula de regulación (o recorte) del empleo en las empresas. Por ello, reclama que la jubilación anticipada se reserve para aquellos trabajadores que cuenten "con largas carreras de cotización" y siempre que se acojan "voluntariamente" a esta posibilidad.

Una revisión de los incentivos a la contratación. El documento arremete contra el escaso éxito que tienen las ayudas para que las empresas contraten a trabajadores -por ejemplo, las destinadas al empleo de carácter indefinido-. En concreto, señala que las bonificaciones y las reducciones en las cotizaciones sociales son un instrumento útil, aunque, apostilla, la experiencia demuestra que "una política de incentivos generalizados" puede hacer perder parte de su eficacia sobre la generación de nuevo empleo o el mantenimiento del mismo.

Más años para calcular la pensión, aunque sin cifra. El informe defiende un incremento del periodo de cálculo para la cuantía de la pensión. Respecto a la pensión máxima, considera "pertinente" elevar el tope de cotización para así poder acceder a una mayor cuantía. Asimismo, cree necesario extender la cotización al sistema de los becarios de postgrado y de las personas sujetas al Régimen Especial del Hogar a partir de cualquier trabajo periódico.

Planes de pensiones privados complementarios. El Gobierno debería impulsar los planes de pensiones privados, si bien como complementos a las pensiones públicas, nunca sustituyendo a éstas. Se trataría de planes privados vinculados a las empresas. Así, aboga por mejorar los beneficios fiscales de las aportaciones realizadas a fondos y planes de pensiones con estímulos fiscales adicionales en la regulación del Impuesto de Sociedades.

Incentivos para que el ama de casa tenga pensión. En el documento se recoge la necesidad de estudiar algún tipo de incentivo fiscal con el objeto de que los cónyuges "no presentes en el mercado de trabajo" puedan generar pensiones (acceder a ellas), así como mejorar los mecanismos para que el cuidado de los hijos se tenga en cuenta en el periodo de cálculo necesario para acceder al derecho a una prestación.

El documento defiende que han de adoptarse iniciativas que ayuden a las mujeres a complementar sus propias aportaciones económicas con otros elementos como ventajas fiscales o situaciones "asimiladas al alta" a efectos de mejorar la pensión de jubilación, con el objetivo de configurar derechos de pensión propios.

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