Los tres hijos de Alberto Jiménez Becerril –concejal del PP en Sevilla asesinado por la banda terrorista ETA junto a su esposa, Ascensión García Ortiz, en enero de 1998 en la calle Don Remondo– han presentado una querella criminal contra su tío materno por, presuntamente, apropiarse de 169.920 euros que les corresponden de la herencia de su abuelo.
En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, los dos hijos que ya son mayores de edad y su hermana tutelada por su abuela paterna denuncian a su tío R.G.O. por apropiarse de la parte que les corresponde de las cuentas bancarias y seguros de vida de su abuelo, que falleció el 7 de noviembre de 2005. En su testamento dejó como herederos a sus dos hijos y tres nietos, hijos de la esposa de Jiménez Becerril que fue asesinada junto a su esposo en ese fatídico día del 30 de enero de hace ya once años.
Ésta no ha sido la única desavenencia entre las dos ramas de la familia rota por el ataque de los terroristas, ya que la tutela de los tres hijos del matrimonio fue dirimida en los tribunales y la Audiencia de Sevilla acordó otorgarla a la abuela paterna frente a los abuelos maternos y el tío ahora denunciado.
El abogado reclamante, Benito Saldaña, cifra el total de lo apropiado en 169.920,41 euros, cantidades que presuntamente R.G.O. transfirió a sus propias cuentas “aprovechando su posición como representante legal de los hermanos Jiménez Becerril” frente a las entidades bancarias en los asuntos relativos a la herencia.
El letrado considera, según comentó, que en los hechos concurre la agravante de haberse aprovechado de la relación de confianza derivada de la “afectividad y parentesco” que unía a querellado y querellantes.
Los hijos del concejal del Partido Popular reclaman a su tío 133.700 euros que, presuntamente, retiró mediante transferencias y reintegros de efectivo entre enero y abril de 2007, procedentes de un seguro de vida de su abuelo, y otros 36.220,41 euros que les corresponden de sus activos financieros.
La denuncia, que será repartida entre los juzgados de instrucción de la ciudad de Sevilla, solicita como primera diligencia que se tome declaración al querellado y se recabe de diferentes bancos las operaciones realizadas desde noviembre de 2005 hasta la actualidad en las cuentas de la familia.
En el momento del asesinato del matrimonio, los tres hijos tenían cuatro, cinco y nueve años de edad.