D.Cela / C.Muñoz
La formación inicial para ser funcionario docente en Andalucía iba camino de ninguna parte, y la Junta la llevaba de la mano. Al final Innovación ha asumido que el CAP no puede reeditarse aquí mientras otras comunidades aprueban un máster obligatorio para ser profesor. Las 8 universidades han consensuado el mismo plan de estudios y la Hispalense ya lo ha enviado al ministerio para implantarlo en octubre. La Junta estudia fijar el precio entre 660 y 1.200 euros.
El viernes pasado la Hispalense aprobó en su Consejo de Gobierno la memoria con el plan de estudios del máster oficial en profesorado de ESO, Bachillerato y FP, un postgrado que sustituye al Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) como requisito obligatorio para acceder a la función pública docente. A partir de ahora, todo licenciado que quiera opositar y ejercer de profesor en un instituto deberá estudiar antes este máster, en teoría más exigente y especializado que el CAP.
La Hispalense envió el documento al Ministerio de Educación el mismo día que lo aprobó, a través de una aplicación on line. El borrador está en proceso de verificación para ver si cumple los criterios del Plan de Bolonia, según fuentes del Consejo de Coordinación Universitaria. Si recibe luz verde, Sevilla lo ofertará en septiembre, el máster empezará en octubre, y aunque los primeros alumnos no lleguen a tiempo para las oposiciones de 2010, entrarán ya en la bolsa de aspirantes.
La Hispalense se ha adelantado al resto de facultades andaluzas, aunque ha sido esta misma semana cuando todas han consensuado la memoria definitiva del máster de ESO. Si el ministerio le da el visto bueno al borrador de Sevilla, estará validando el postgrado de las 8 universidades, ya que "el 100% del plan de estudio, los créditos y las materias son comunes en las 8 provincias, para facilitar la movilidad de alumnos", aseguran desde la Conferencia de rectores andaluces.
La diferencia entre el máster de Sevilla y el de Huelva o Granada no depende de los contenidos, sino de los recursos que tiene cada universidad para impartirlo. El postgrado para ser profesor tendrá 15 especialidades, y no todas las facultades están capacitadas ni tienen personal para ofrecer todas. El debate sobre si la especialidad en Historia o en Química se podrá cursar aquí o habrá que irse a Cádiz vendrá después. Esa elección vendrá determinada por la demanda potencial de alumnos en cada provincia y por la oferta de empleo público.
El precio del máster de ESO en Andalucía no consta en la memoria, pero fuentes de la comisión que lo ha diseñado aseguran que la Junta lo abaratará más que el de otras comunidades. Aún no se ha cerrado el precio, pero se da por seguro que, dada su trascendencia para el sistema educativo, valdrá menos de los 1.600 euros que cuestan los demás postgrados andaluces. La horquilla que barajan las universidades está entre el precio del crédito de la titulación y el de un postgrado. El máster de ESO, con 60 créditos, costaría entre 660 y 1.200 euros.
Hace sólo tres meses, la intención de la Junta era reeditar el CAP, pero todo cambió este mes. La comisión que ha trabajado durante el último año en el máster -con personal de la Junta y de las 8 universidades- tenía la memoria casi lista en diciembre. Pero en enero, la Consejería de Innovación, a través de los rectores, anunció que pedirían una moratoria de un año y lo implantarían ya en 2010. La noticia desconcertó a la comunidad educativa: Andalucía pretendía reeditar el CAP, a pesar de que el Gobierno central había dictado una ley para invalidarlo. Si eso ocurría, y el resto de comunidades implantaba el máster, los andaluces tendrían que emigrar a las universidades de fuera para formarse como profesores y volver a opositar en su comunidad. La medida afectaría a 10.000 licenciados (los que hacen el CAP al año). El director general de universidades respondió con estupor a la propuesta: "Si quieren seguir aplicando el CAP, que lo hagan. Pero ya no servirá para nada".
El 2 de abril, el ministerio comunicó a la Junta que Andalucía no podía reeditar el CAP, porque rompería el equilibrio entre comunidades en la oferta de empleo público. La consejería convocó a la comisión del máster a una reunión de urgencia, y pidió que aprobaran una memoria común lo antes posible, y la enviaran al ministerio para lograr el visto bueno y poder implantarlo el próximo curso. "El cambio de decisión fue política. El perjuicio de una moratoria del CAP habría sido gordo", dicen fuentes de la comisión.
