El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó ayer un auto en el que ordena la paralización "inmediata" de las obras de la biblioteca universitaria del Prado para evitar "daños irreparables" si continúa su construcción y el Supremo declara su ilegalidad. Los magistrados no ordenan la demolición porque no se ha pedido y por ello no imponen fianza.
Después de la sentencia que anulaba la construcción de la biblioteca universitaria en el Prado, el TSJA ha aceptado el recurso de los vecinos de la calle Diego de Riaño, que pedían la paralización provisional de la obra a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentado por la Hispalense y Urbanismo contra la decisión de los magistrados, para evitar "daños irreversibles".
En un auto, los magistrados ordenan la paralización "inmediata" de los trabajos, aunque no el derribo de lo construido, pero sólo porque los vecinos no lo han reclamado, ya que entienden que la sentencia del pasado mes de junio "conlleva no sólo la paralización de las obras sino la demolición de lo construido y reposición de la franja del parque al estado anterior al comienzo de las obras". Precisamente, el hecho de que la petición vecinal, a la que califican de "prudente", sólo pida la paralización es por lo que consideran que no es necesario imponer una fianza, como reclama la Universidad, que fija en 6.109.920,15 euros los costes de paralización durante dos años.
Sobre los perjuicios económicos que pueda tener la Hispalense, los magistrados aseguran que debieron "tenerse en cuenta y ponderado" en el inicio de las obras, cuando ya "constaba la interposición de nueve recursos". Además, el auto dice que "la precaución y prudencia que ahora se exigen se tenían que haber contemplado" cuando al serle otorgada la licencia firmó un documento con Urbanismo en el que la Universidad renunció a la "responsabilidad patrimonial de la Gerencia" en caso de una sentencia judicial desfavorable, lo que para los magistrados fue "asumir un alto riesgo".
El TSJA considera que el perjuicio económico que alega la Universidad puede ser mayor si se termina la construcción antes de que decida el Supremo, pues "la demolición produciría gravísimos daños, con la pérdida de fondos públicos". En este sentido, el auto indica que si se termina se consolidará "una situación ilegal de muy difícil vuelta atrás", incluso "irreversible". En cambio, asegura que si el fallo del Supremo es favorable a la Hispalense "la obra podrá continuar", como ya ocurrió el verano pasado cuando fue paralizada por un juzgado Contencioso.
