Setenta empresas han comunicado a la Universidad de Sevilla su intención de no seguir adelante con la oferta de prácticas que estaban dispuestas a dar. En total, las plazas afectadas son 180. Las empresas han dado marcha atrás en sus planes al estar ya obligadas por ley a cotizar en la Seguridad Social por los estudiantes becarios que reciben una prestación económica. Para entender lo ocurrido hay que situarse en octubre de 2011. El Gobierno de Zapatero publicó un Real Decreto (el 1493) en el que obligaba a que las empresas pagasen a la Seguridad Social por sus estudiantes con prácticas remuneradas. Tan sólo un mes después, publicó otro decreto (1707/2011) en cuya disposición adicional primera eximía a las empresas de esta obligación. El sindicato CCOO presentó una reclamación en el Tribunal Supremo, alegando que la citada disposición atentaba contra los derechos de los estudiantes.
El Supremo, en mayo de este año, declaró nulo de pleno derecho el decreto de noviembre de 2011 pero por un defecto de forma. No entró a valorar el contenido. El defecto de forma se basaba en que es obligatorio que el Consejo de Estado revise los reales decretos y el texto que le llegó sobre el que regulaba las prácticas de los estudiantes no recogía la disposición adicional primera en el que se eximía a las empresas de la cotización a la Seguridad Social por sus becarios. El Gobierno, ya del PP, decidió publicar la sentencia del Supremo, pero no dio indicaciones a las universidades sobre cómo actuar. Hasta el pasado mes de agosto. El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Gómez Ferreiro, firmó una disposición general en la que fija los plazos de los que disponen las empresas para empezar a pagar las cuotas de los becarios. Las altas obligatorias desde el 28 de junio de 2013 podrán presentarse hasta el 30 de septiembre; el ingreso de las cuotas correspondientes a los meses de junio a agosto podrá efectuarse hasta el 31 de octubre.
La directora del Secretariado de prácticas en empresas y empleo de la Universidad de Sevilla, María del Mar García Gordillo, realiza todo este relato, en declaraciones a este periódico, para llegar al dato con el que arrancábamos esta información: hay setenta empresas que, tras tener ya certeza de cuándo deberán empezar a cotizar a la Seguridad Social por las prácticas remuneradas de los becarios, han declinado seguir con la oferta de plazas. Una empresa cotiza alrededor de 38 euros al mes por un becario; el estudiante paga cinco euros. La Universidad de Sevilla fija en 250 euros el importe mínimo de una beca. No hay tope para el máximo. Hay empresas que pagan 600 euros al mes, ejemplifica García Gordillo. Esta espantada de empresas es grave porque las prácticas ahora con el Plan Bolonia no son algo voluntario sino obligatorio.
La universidad puede encontrarse con que no tiene empresas para ofertar prácticas, avisa la directora del secretariado. Dicho secretariado coordina 9.000 prácticas al año, de las cuales, un 40% son remuneradas.
